Allanaron a líderes piqueteros por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales

A partir de denuncias remitidas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Justicia federal ordenó este lunes 27 allanamientos contra dirigentes de distintos movimientos piqueteros que fueron acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, en su mayoría del Potenciar Trabajo. Entre los apuntados incluidos en el expediente judicial se encuentran integrantes del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria.

Las medidas judiciales se decidieron a raíz de tres denuncias recibidas en la línea 134, la difundida de manera oficial por el Gobierno, a través de la ministra del área, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, 27 allanamientos. También dispuso que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. Todavía no hay detenidos.

Se trata de una investigación surgida desde la Justicia y a partir de la denuncia del propio Gobierno, en la que se revela que intermediarios de los planes sociales chantajeaban a beneficiarios a cambio de una suerte de peajes que le tenían que pagar para poder cobrar el beneficio, o bien asistiendo a marchas mediante amenazas.

Entre los acusados que serán indagados figura Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero. También aparecen Gustavo Vázquez, Elizabeth Palma, Giana Puppo, Cinthia Delgado, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Nilsa Torres, Leslie Castillo, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, integrantes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), quienes administraban comedores populares.

Aunque también se conocieron audios que reveló Clarín, en los que se menciona directamente a dirigentes piqueteros cercanos al kirchnerismo como el titular de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete. También se denuncian presiones de parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que a nivel nacional tiene como principal referente a Juan Grabois.

De acuerdo a las denuncias y a las investigaciones, dichos dirigentes sociales estarían acusados de 924 casos de irregularidades. En ellos, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’», se asegura en el comunicado que describe lo revelado por la investigación.

En los 27 allanamientos efectuados, quedaron 28 personas implicadas que deberán declarar. La mayoría de los lugares allanados son pertenecientes al Polo Obrero. Seis están vinculados con el barrio Rivadavia I, del Bajo Flores; cinco con el barrio La Carbonilla; y hay otros en el barrio 1.11.14 y en Ciudadela. En cuanto al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), hubo allanamientos en Belén de Escobar y la Villa 21-24. Respecto del movimiento Barrios de Pie, se registraron cuatro procedimientos en la Villa 20 y otros lugares.

Según informaron, las personas que fueron citadas a declarar habrían canalizado los fondos extorsivos a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero. Por ello, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de dichas personas y se les requerirá información sobre el patrimonio de cada uno de los implicados.

El plan social principal que recibían los beneficiarios es el Potenciar Trabajo, que impactó durante los últimos cuatro años en alrededor de 1,3 millones de personas, que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social y que el Gobierno decidió dividir en dos programas diferentes tras la asunción de Javier Milei: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, ambos bajo la estructura del Ministerio de Capital Humano.

El 19 de diciembre del año pasado, el Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales puedan denunciar amenazas o aprietes de los dirigentes piqueteros. Los denunciantes ratificaron ante la fiscalía y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para que concurran a las marchas o piquetes.

Con las denuncias quedó demostrado que muchos de los manifestantes no tenían concurrencia espontánea y que había fuertes extorsiones para que ello ocurra.

Se acreditó también que varios de los dirigentes vinculados desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente. En los distintos allanamientos realizados por las fuerzas federales, fueron secuestrados millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.

Para los piqueteros, los allanamientos fueron clandestinos y «violaron los derechos de las personas» por ser de noche

Las agrupaciones piqueteras brindaron en la Plaza del Congreso una conferencia de prensa en la que repudiaron los allanamientos a líderes de los espacios populares y a locales partidarios y los trataron de clandestinos y que «violaron los derechos de las personas».

«Los allanamientos fueron casi todos ilegales, se violaron los derechos de las personas porque fueron antes de la salida del sol. También se allanó el local central del Polo Obrero y lo primero que hizo la policía fue apagar las cámaras del lugar. Los quisieron hacer en la más oscura clandestinidad», dijo el piquetero Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Belliboni afirmó que los allanamientos se hicieron en la continuidad de «una persecución política» de parte del gobierno de Javier Milei.

«El Gobierno quiere destruir a la organización popular. No nos vamos a detener y nos vamos a defender en todos los terrenos», advirtió el piquetero.

Por su parte, Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA, sostuvo que los movimientos piqueteros se encuentran «amenazados por el Gobierno y un sector de la Justicia» y destacó la unidad de las agrupaciones para dar una rápida respuesta.

«Denunciamos el atropello y persecución de estas medidas contra las organizaciones populares y ratificamos el mensaje de unidad para combatir a este Gobierno», subrayó el dirigente, que además pidió movilizarse durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado para repudiarla.

Fuente Clarín