Santa Fe / Rosario, 10 de febrero de 2026 — Un nuevo foco de conflicto se abrió en la provincia de Santa Fe este martes, donde un sector de la Policía provincial realizó protestas frente a la Jefatura de Rosario y otras unidades regionales en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales, en un clima de alta tensión institucional.
Motivos del reclamo
Los uniformados que protagonizan las protestas señalan que los aumentos salariales otorgados por el Ejecutivo provincial no constituyen una recomposición real del poder adquisitivo. Según fuentes policiales, el incremento fue otorgado en forma de sumas “no remunerativas” que sólo alcanzan a parte del personal y no impactan en conceptos básicos como el salario básico, adicionales ni jubilaciones.
Además de lo salarial, los manifestantes reclaman mejoras en las condiciones de trabajo, con especial énfasis en la salud mental y física del personal, un tema que cobró visibilidad tras la muerte de un suboficial con antecedentes de problemas psicológicos.
La protesta se expresó principalmente con decenas de patrulleros estacionados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, acompañados por policías de civil y familiares, algunos de ellos con quema de cubiertas y momentos de tensión con efectivos en servicio.
Acciones del gobierno provincial
El Gobierno de Santa Fe, a través del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció parcialmente el reclamo salarial, pero advirtió que las manifestaciones que traspasan ciertos límites son ilegales y serán sancionadas.
Como primera medida, al menos 20 agentes que habrían abandonado el servicio o protagonizado acciones contrarias a sus deberes fueron pasados a “disponibilidad”, con retiro de arma y chaleco antibalas, y se iniciarán sumarios administrativos.
El gobierno también afirmó que no hubo un acuartelamiento generalizado ni interrupción de los patrullajes, y negó que la protesta haya puesto en riesgo la seguridad pública, precisando que los servicios se mantuvieron durante la madrugada pese a la concentración frente a la Jefatura.
Las autoridades provinciales anunciaron además que analizarán posibles delitos penales por abandono de servicio y abuso de autoridad, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.
Repercusiones y evaluación institucional
La situación despertó reacciones encontradas: desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) se remarcó que el reclamo es legítimo y que abarca no sólo salarios sino condiciones estructurales de trabajo, incluyendo la exigencia de una tarjeta alimentaria policial para todo el personal.
Por otro lado, desde el gobierno y sectores vinculados a la seguridad se planteó que la protesta cruzó una línea institucional, al implicar abandono de servicio y arriesgar la cadena de mando dentro de la fuerza. Un funcionario provincial denunció la presencia de “efectivos infiltrados” con rostros cubiertos que habrían exacerbado la tensión de la protesta.
En medio del conflicto, la protesta también impactó en la agenda social de la región, aunque autoridades de seguridad confirmaron que actividades públicas y eventos deportivos programados se mantienen con normalidad.
