El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, remitió este jueves a la Cámara de Representantes un proyecto de ley integral orientado a delimitar y robustecer formalmente las facultades de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades del Estado, tanto en el ámbito provincial como en los diferentes municipios. La iniciativa busca afianzar los mecanismos de rendición de cuentas, fortalecer la transparencia en el manejo de fondos públicos y dotar de mayor previsibilidad jurídica al sistema de control externo de la provincia.

De ser analizada y sancionada por los legisladores misioneros, la normativa modificará la Ley Orgánica del organismo de control, estableciendo un marco operativo explícito cuya entrada en vigor quedó programada para el 1 de enero de 2027.

Alcance de la reforma sobre las empresas con participación pública

Uno de los ejes cardinales del texto legislativo radica en precisar de manera taxativa qué estructuras corporativas quedarán comprendidas bajo la órbita de supervisión del organismo de control externo. De acuerdo con el texto remitido al Parlamento provincial, el alcance abarca a un amplio abanico de figuras jurídicas vinculadas a la administración pública:

• Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (SAPEM): entidades donde el Estado provincial o comunal posea la titularidad del capital social preponderante.
• Sociedades de economía mixta: organizaciones integradas conjuntamente por capitales públicos y privados destinadas a actividades productivas, comerciales o de servicios.
• Entidades y empresas con capacidad de decisión predominante: cualquier persona jurídica o esquema societario donde el Estado cuente con la potestad decisoria o el control institucional, ya sea por tenencia accionaria o facultades estatutarias.

Con esta delimitación, el Gobierno provincial busca disipar cualquier vacío interpretativo o zona gris que pudiera suscitarse respecto a los límites de auditoría en aquellas estructuras donde intervienen fondos públicos junto a dinámicas de derecho privado.

Modificación del marco legal y de la Ley Orgánica

En términos técnicos, la propuesta enviada por el Ejecutivo propicia la incorporación formal de un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley I – Nº 3 (normativa históricamente identificada como el Decreto Ley 1214/60), cuerpo legal que regula el funcionamiento y atribuciones del Tribunal de Cuentas de Misiones.

Desde el Gobierno remarcaron que el proyecto no plantea la creación de una nueva burocracia ni de un ente de fiscalización paralelo, sino que persigue dotar de mayor robustez jurídica a las atribuciones ya existentes del órgano rector. De este modo, se ratifica expresamente su capacidad para determinar responsabilidades administrativas, verificar el destino de los recursos y promover las sanciones patrimoniales o disciplinarias pertinentes cuando se detecten irregularidades.

Los fundamentos que acompañan la iniciativa argumentan que la consolidación de reglas claras resulta fundamental para brindar certidumbre no solo a los administradores de los entes estatales y a los inversores mixtos, sino fundamentalmente a la ciudadanía, permitiendo que la sociedad conozca con precisión cómo se auditan los bienes que le pertenecen a la comunidad.

El mensaje oficial y el compromiso con la transparencia

A través de sus canales institucionales y redes sociales, el gobernador Passalacqua enfatizó el sentido republicano de la propuesta y argumentó que la supervisión estatal permanente debe ser un estándar innegociable de la gobernanza contemporánea.

“Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas”, expresó el mandatario provincial.

En su pronunciamiento, el titular del Ejecutivo recalcó además que el control de la hacienda pública debe integrarse de forma natural en la dinámica cotidiana de las instituciones y no considerarse un trámite excepcional o restrictivo.

“No solo no esquivamos esa responsabilidad, sino que es una convicción profunda: hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario”, aseveró Passalacqua.

Plazos organizativos y trámite parlamentario hacia 2027

La estructura formal del proyecto consta de tres artículos breves pero de alto impacto institucional. El primer artículo dispone la adición del párrafo aclaratorio en el artículo 2 de la Ley I – Nº 3. El segundo artículo fija que la reforma comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027, mientras que el tercer apartado corresponde a la cláusula de rigor formal de comunicación al Ejecutivo.

Según explicitan los considerandos remitidos a los diputados, la postergación de la vigencia hasta comienzos de 2027 responde estrictamente a requerimientos de adaptación técnica, de coordinación funcional y de adecuación de los sistemas contables y procedimentales de los entes comprendidos. Con este plazo de transición, el Tribunal de Cuentas y las empresas estatales dispondrán del margen operativo necesario para armonizar sus esquemas de auditoría y ajustarse a los nuevos protocolos de supervisión.

A partir de su ingreso formal a la Legislatura provincial, el proyecto pasará a las comisiones correspondientes de la Cámara de Representantes, donde los legisladores iniciarán el debate técnico y político necesario para avanzar hacia su eventual sanción en el recinto.