Cuando la economía crece y la recaudación acompaña, casi cualquier gobierno puede mostrar resultados, pero la verdadera dimensión de una conducción política aparece cuando los recursos escasean, las demandas aumentan y cada decisión obliga a establecer prioridades. En esos momentos también queda al descubierto quién gobierna realmente, quién conserva el poder de decisión y quién pretende seguir condicionando el rumbo político desde estructuras que ya no representan la misma realidad.

Misiones atraviesa esa combinación de dificultades económicas y transformaciones políticas. Mientras el modelo nacional de Javier Milei apuesta al ajuste, la desregulación y el retiro del Estado, la provincia enfrenta una caída persistente del empleo privado, dificultades industriales y pérdida del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, se desarrolla una reorganización del poder provincial que tiene como protagonista a Hugo Passalacqua, quien ha dejado de ser un gobernador condicionado por decisiones ajenas para asumir plenamente la conducción política de su gestión.

Durante años la política misionera funcionó bajo una lógica de concentración de poder que subordinaba las decisiones institucionales a una conducción partidaria. Ese esquema comenzó a desarticularse cuando el gobernador decidió ejercer las atribuciones que le corresponden, recuperar autonomía y construir una relación directa con dirigentes, intendentes y sectores de la sociedad que reclamaban una nueva etapa.

El exgobernador Maurice Closs sintetizó esta transformación con una definición contundente sobre Carlos Rovira: “Quien conducía a un espacio político de forma homogénea, dura, en el último tiempo bastante absolutista, no conduce más y, en especial, no le conduce al gobernador”.

El punto de quiebre llegó cuando se intentó reorganizar el oficialismo provincial desde una estructura que pretendía conservar el control de las candidaturas y las decisiones, incluso prescindiendo del gobernador en ejercicio. Passalacqua quedó entonces frente a una disyuntiva que habría definido el destino de cualquier conducción: aceptar la subordinación política, con el consiguiente debilitamiento de su autoridad, o asumir el conflicto y ejercer plenamente el poder que le confiere su investidura. Eligió lo segundo y descubrió que contaba con muchas más adhesiones de las que suponía, mientras del otro lado comenzaba a quedar expuesta una debilidad que durante años había permanecido disimulada por la concentración del poder.

Aquella decisión modificó el escenario político y abrió una etapa de normalización institucional que comenzó a expresarse en medidas concretas: la eliminación de la denominada aduana paralela, el levantamiento de retenciones fiscales sobre operaciones con billeteras virtuales, la revisión de la prohibición del glifosato que generaba cuestionamientos productivos y la iniciativa para ampliar el control del Tribunal de Cuentas sobre las empresas estatales. Son decisiones diferentes, pero comparten una orientación: corregir mecanismos que habían acumulado resistencias y recuperar la capacidad del Gobierno para revisar políticas sin quedar atrapado en compromisos con el pasado.

La transformación también alcanza al funcionamiento político. El debilitamiento de una conducción excluyente permitió recuperar espacios de debate, habilitar voces que antes encontraban restricciones y discutir públicamente decisiones que durante años parecían inmodificables. Esa apertura representa una oportunidad para fortalecer las instituciones, siempre que no se limite a un cambio de nombres y se convierta en una práctica permanente de gobierno.

Passalacqua viene administrando esta transición con un estilo que privilegia la prudencia antes que la confrontación, sin convertir cada diferencia en una batalla pública ni utilizar la autoridad institucional para alimentar disputas personales. Esa moderación no implica renunciar a las decisiones de fondo, porque precisamente su mayor demostración de firmeza fue asumir la conducción sin necesidad de transformar la ruptura política en una guerra permanente.

Pero la autonomía solamente adquiere verdadero sentido cuando se traduce en respuestas para la sociedad, y allí aparecen las decisiones económicas y sociales que marcaron la última semana.

El incremento salarial del 8,5% para trabajadores públicos y jubilados provinciales, distribuido entre octubre y noviembre, constituye una señal concreta en un contexto en el que el discurso económico nacional identifica al salario principalmente como un costo que debe reducirse. La mejora no resuelve por sí sola la pérdida acumulada del poder adquisitivo, pero expresa una diferencia de prioridades: mientras el ajuste busca cerrar las cuentas reduciendo gastos, Misiones procura sostener ingresos que también alimentan el consumo y la actividad comercial.

Passalacqua explicó que el salario de una trabajadora de Salud Pública continúa circulando cuando compra alimentos, paga servicios o realiza gastos en los comercios de su barrio. Es una definición económica antes que discursiva, porque sin ingresos suficientes no hay consumo, sin consumo no hay mercado y sin mercado tampoco hay posibilidades de recuperación para las pequeñas y medianas empresas.

En esa misma dirección se inscribe la aprobación legislativa de una iniciativa del Gobierno provincial para regularizar las movilidades jubilatorias adeudadas a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social. La ley establece una actualización mínima del 25% en noviembre, del 50% en marzo de 2027 y del 100% en julio, con recursos propios de Misiones ante la interrupción de las transferencias previsionales nacionales desde 2024. Se trata de una decisión que reconoce una obligación pendiente con miles de jubilados y pensionados y demuestra que, aun en circunstancias difíciles, es posible establecer compromisos concretos mediante el diálogo y la responsabilidad institucional.

La misma concepción aparece en la decisión de sostener la obra pública mientras la Nación se retira de una responsabilidad esencial para el desarrollo provincial. Durante 2026 se entregaron 431 viviendas, otras 338 permanecen en construcción y está prevista la adjudicación de 66 unidades entre octubre y noviembre. Cada vivienda representa una respuesta habitacional, pero también empleo, movimiento comercial y actividad para empresas y proveedores, en una provincia donde la infraestructura vial, energética y productiva resulta indispensable para competir y crecer.

La búsqueda de financiamiento para obras, sin comprometer recursos destinados a gastos corrientes, demuestra que la responsabilidad fiscal no tiene por qué convertirse en enemiga de la inversión pública. El verdadero problema aparece cuando se pretende aplicar a una economía fronteriza una receta que considera ineficiente a cualquier empresa que no consigue sobrevivir, sin preguntarse cuánto influyen los costos nacionales, la competencia de las importaciones o las tasas de interés que asfixian al sector privado.

Una pyme misionera que cierra no representa necesariamente el fracaso de un empresario incapaz de competir, sino que puede ser consecuencia de un modelo económico que desconoce las condiciones reales de producción. Y cuando esa empresa desaparece, no solamente pierde su propietario, sino también sus trabajadores, sus proveedores y una comunidad que ve reducirse sus oportunidades.

Por eso resulta importante la gestión realizada por Passalacqua para conseguir la prórroga del régimen que permite compatibilizar determinadas prestaciones sociales con el empleo rural registrado de carácter temporario. Para los tareferos y sus familias, cuya actividad depende de ciclos productivos que no garantizan ocupación durante todo el año, conservar esa protección significa evitar que el trabajo formal se convierta en motivo de pérdida de ingresos indispensables.

La presencia del Estado se expresó igualmente en las obras de caminos e iluminación de San Javier, en el programa Gabinete en los Barrios desarrollado en Itaembé Guazú y en la asistencia desplegada frente a los temporales que afectaron a distintas localidades. Para una familia aislada por un camino deteriorado, para un productor que necesita transportar su cosecha o para quienes perdieron pertenencias durante una inundación, las discusiones abstractas sobre el tamaño del Estado tienen escaso valor frente a la necesidad de obtener respuestas.

Sin embargo, esta nueva etapa provincial también enfrenta una discusión política que no puede quedar subordinada a la agenda de gestión. El poder que se reorganiza alrededor de Passalacqua necesita consolidarse mediante resultados y adhesiones genuinas, no mediante imposiciones ni estructuras construidas para preservar privilegios que la sociedad comienza a cuestionar.

La aparición de nuevos espacios partidarios y candidaturas alternativas como la de Stelatto plantea interrogantes sobre sus objetivos. Toda expresión política tiene derecho a competir, pero existe una diferencia entre presentar un proyecto con vocación de gobierno y promover una candidatura destinada principalmente a fragmentar una fuerza de la que se formó parte durante décadas. En un escenario de creciente competencia con La Libertad Avanza, esa dispersión podría terminar favoreciendo precisamente al adversario que algunos de esos dirigentes aseguran querer enfrentar.

La discusión adquiere mayor relevancia después de las denuncias legislativas sobre presuntas presiones a trabajadores contratados de la Municipalidad de Posadas para obtener afiliaciones partidarias, señalamientos que deberán esclarecerse. Más allá de su comprobación, el principio institucional resulta indiscutible: ningún trabajador debería sentir que conservar su empleo depende de incorporarse a un partido político, porque una construcción que necesita condicionar voluntades revela dificultades para conseguir adhesiones mediante sus ideas y resultados.

La política provincial tiene por delante una oportunidad que sería un error desperdiciar. La recuperación del debate, la apertura de espacios de participación y la eliminación de mecanismos que durante años generaron cuestionamientos deben convertirse en características permanentes de la nueva etapa. No alcanza con que cambie quién toma las decisiones; también importa cómo se toman, qué intereses representan y qué resultados producen.

La Argentina necesita recuperar inversiones, ordenar su economía y generar empleo, pero esas metas difícilmente puedan alcanzarse si el ajuste termina destruyendo el mercado interno y debilitando a quienes producen. Misiones necesita defender su economía regional sin aislarse del país, mantener sus cuentas ordenadas sin abandonar la inversión y preservar la autonomía de sus decisiones sin convertir las diferencias políticas en conflictos permanentes.

Gobernar es elegir de qué lado estar, pero también decidir para qué se utiliza el poder una vez que se lo ejerce plenamente. Passalacqua enfrenta ahora el desafío de transformar su autonomía política en una etapa de mayor apertura, sensibilidad social y resultados concretos, porque el cambio de conducción solamente tendrá sentido histórico si también significa un cambio en las prioridades y en la relación entre el Estado y los ciudadanos.

En una provincia golpeada por las consecuencias del ajuste nacional, la discusión central no debería ser quién conserva el control de una estructura partidaria ni quién consigue dividir mejor el escenario electoral, sino quién está dispuesto a defender el trabajo, la producción y las oportunidades de los misioneros. Allí se encuentra la verdadera medida de esta nueva etapa y también la responsabilidad que asume Passalacqua: demostrar que el poder puede dejar de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta al servicio de la gente.