Los principales procesados por el vaciamiento de Ueno Bank ingresaron al Centro Nacional de Prevenidos, la institución que reemplazó a la antigua cárcel de Tacumbú, en Paraguay. Hasta el jueves, los cinco exdirectivos permanecieron en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, lindante con el establecimiento penitenciario.
La Dirección General de Establecimientos Penitenciarios autorizó el traslado mediante la resolución 4917, fechada el jueves 5 de noviembre del 2026. El documento lleva la firma del recientemente nombrado director general, el comisario general retirado Oscar Pereira, y habilitó a las autoridades de la exTacumbú a recibir a los imputados.
La lista incluye a Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex Ceo y exvicepresidente 1°; Juan Manuel Gustale Caroni, expresidente; Julio Daniel Rey Fernández, ex vicepresidente 2°; Alejandro Gómez Abente, exdirector; y Diego Fernandez Duarte Schussmuller, exdirector.
El jefe de la Agrupación Especializada, comisario principal Sabino López, confirmó que el personal concretaría el traslado una vez recibido el documento por los canales correspondientes. La operación se cumplió durante la jornada.
Además, López informó que los funcionarios completaron los trámites administrativos ante Judiciales de la Policía Nacional. Entre ellos, incluyeron las fotografías y la asignación del número de reo, correspondiente a la ficha individual de cada imputado.
El traslado respondió a una resolución que dictó el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.
El magistrado ordenó la prisión preventiva de los cinco banqueros por los supuestos delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
Sin embargo, la medida judicial estableció condiciones diferentes para las otras dos directoras detenidas e investigadas por los mismos hechos. Se trata de Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, quienes inicialmente permanecieron en el Departamento Judicial de Mujeres de la Policía Nacional.
En sus respectivos casos, Estigarribia concedió la prisión domiciliaria y dispuso el uso de tobilleras electrónicas para controlar el cumplimiento de la medida. De esta manera, ambas evitaron el ingreso al sistema penitenciario, mientras que los cinco exdirectivos quedaron recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos.
