Mientras la economía argentina continúa atravesando dificultades, el consumo no logra recuperarse y la obra pública nacional permanece prácticamente paralizada, Misiones intenta sostener un camino diferente. Sin desconocer las restricciones presupuestarias ni las dificultades que afectan a las familias y empresas, el Gobierno de Hugo Passalacqua busca recuperar capacidad de inversión mediante el ordenamiento de las cuentas, la gestión de financiamiento y una administración más rigurosa de los recursos públicos.

La decisión más importante de la semana fue la apertura de sobres para la repavimentación y ampliación de aproximadamente 50 kilómetros de la Ruta Nacional 14, entre Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera. El proyecto contempla diez kilómetros de terceras trochas y carriles de adelantamiento, además de mejoras integrales de seguridad vial, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo gestionado por la Provincia.

Se trata de una obra largamente reclamada por productores, transportistas y vecinos de la zona Centro. Entre Alem y Oberá circulan aproximadamente 4.600 vehículos diarios, muchos de ellos camiones vinculados con la actividad productiva. En uno de los sectores industriales de Alem trabajan alrededor de 1.300 personas que necesitan mejores condiciones de conectividad.

Passalacqua resumió la situación con una definición concreta: “Debía haberla hecho Nación por ser una ruta nacional, pero la vamos a hacer nosotros”. La frase refleja una realidad que atraviesa a las provincias: las responsabilidades nacionales no desaparecen cuando se interrumpe el financiamiento de las obras.

Misiones tampoco dispone de recursos ilimitados. La diferencia está en establecer prioridades y gestionar alternativas para atender necesidades que no pueden esperar. La intervención tendrá un plazo previsto de 24 meses y la intención es comenzar durante el verano.

La posibilidad de acceder a financiamiento también está vinculada con el ordenamiento administrativo. Durante las últimas semanas, Passalacqua avanzó en una reorganización de espacios de decisión y estructuras que habían permanecido bajo influencia del rovirismo, acompañada por mayores exigencias sobre la utilización de fondos públicos.

En ese contexto se inscribe la Ley Passalacqua de Transparencia, aprobada por unanimidad el 29 de octubre. La norma amplía expresamente las facultades del Tribunal de Cuentas sobre 16 empresas y sociedades con participación estatal, entre ellas Energía de Misiones, Aguas Misioneras, Marandú, Biofábrica, Silicon Misiones y el IPLyC.

Aunque comenzará a regir el 1 de enero de 2027, la decisión ya está generando cambios administrativos. Según trascendió en ámbitos del Gobierno, funcionarios que antes resolvían determinados gastos ahora consultan directamente al gobernador. El desafío será convertir ese mayor control político en mecanismos institucionales permanentes de transparencia y rendición de cuentas.

El ordenamiento tiene sentido cuando se traduce en resultados. Durante 2026, Misiones entregó 431 viviendas y proyecta más de 350 adjudicaciones adicionales antes de finalizar el año. En Itaembé Guazú se reactivaron obras correspondientes a 683 unidades habitacionales, con aproximadamente 450 trabajadores y perspectivas de alcanzar entre 700 y 1.000 empleos.

La construcción representa una respuesta habitacional, pero también moviliza corralones, transportistas, proveedores y trabajadores de distintos oficios. En un escenario nacional de retracción de la actividad, sostener esas inversiones constituye una herramienta económica concreta.

La producción también necesita respuestas. Durante su recorrida por la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles, Passalacqua conversó con productores e industriales afectados por la desregulación del mercado y la pérdida de rentabilidad. La Provincia habilitó mecanismos de descuento de cheques con un cupo de 9.000 millones de pesos y subsidios de tasas vinculados al cumplimiento de precios de referencia.

Para los productores tealeros se dispusieron créditos de hasta dos millones de pesos para fertilizantes, con una tasa anual del 16,5%. Son instrumentos que no resuelven los problemas estructurales de ambas actividades, pero buscan aportar liquidez en un momento de dificultades.

En San Vicente, la Fiesta Nacional de la Madera reunió a 150 expositores y más de cien inscriptos en su primera ronda de negocios. En paralelo, Apóstoles, San Pedro y Jardín América desarrollaron jornadas de Black Friday con promociones de hasta 18 cuotas sin interés, mediante acuerdos entre el Estado, los municipios, las cámaras empresarias y el Banco Macro.

La recuperación de los vuelos diarios de JetSMART entre Posadas y Buenos Aires, después de más de tres años de ausencia, completó una semana con medidas orientadas a mejorar la conectividad y generar oportunidades comerciales y turísticas.

Este proceso económico también ocurre en medio de una reconfiguración política. Mientras Passalacqua reorganiza la administración provincial, dirigentes vinculados con Carlos Rovira comienzan a concentrarse alrededor del intendente posadeño Leonardo Stelatto.

El rovirismo se abroquela detrás de Lalo Stelatto, pero está cada vez más solo: hasta sus históricos apoderados, Claudia Gauto y Gabriel Manitto, que acompañaron a la exRenovación y luego a Encuentro Misionero, presentaron sus renuncias y abandonaron el armado partidario.

Una actividad política desarrollada en la Costanera, con Martín Cesino, Lucas Romero y Paula Franco, ahijada de Rovira, y el acompañamiento de la estructura municipal, refuerza la identificación política entre Stelatto y el antiguo esquema de conducción renovadora. En esa reorganización, Lalo aparece cada vez más como la continuidad política de Rovira.

Más allá de esos movimientos, la discusión central para los misioneros sigue siendo económica. Las familias necesitan recuperar ingresos, las empresas necesitan vender y los trabajadores necesitan conservar sus empleos.

La Provincia no puede reemplazar por completo las obligaciones del Gobierno nacional ni revertir por sí sola una crisis macroeconómica. Pero puede decidir cómo administra sus recursos y cuáles son sus prioridades.

La Ruta 14, las viviendas, el financiamiento productivo y las medidas de estímulo comercial muestran una orientación que busca combinar prudencia fiscal con inversión y actividad económica. El desafío será sostenerla en el tiempo y lograr que sus resultados lleguen efectivamente a la población.

Porque ordenar las cuentas es necesario, pero no suficiente. El verdadero valor de una administración responsable se mide cuando los recursos públicos se convierten en obras, producción, trabajo y mejores condiciones de vida.