La iniciativa tendrá dictamen propio en la Comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

La propuesta busca concentrar distintas deudas en una única operación de pago, con el objetivo de reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares.

El esquema contempla cuotas fijas, una tasa máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses , de modo que las familias puedan distribuir sus compromisos en un período más extenso en lugar de afrontar múltiples vencimientos de manera simultánea.

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Para los hogares de todo el país que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento, uno de los principales efectos planteados sería la posibilidad de reemplazar varias obligaciones por una sola estructura de pago.

El proyecto establece que los créditos del programa tendrían como destino exclusivo cancelar, refinanciar o sustituir deudas existentes .

La iniciativa también incorpora mecanismos destinados a trabajadores cuyos préstamos se descuentan directamente de sus haberes.

Según los fundamentos, esta previsión busca contemplar que el salario constituye el principal ingreso de subsistencia de los trabajadores y sus familias , por lo que reorganizar esos descuentos podría permitir recuperar una mayor proporción del ingreso disponible para afrontar los gastos cotidianos.

El proyecto unifica tres iniciativas que intervienen en diferentes etapas del deterioro económico de un hogar.

Una de ellas plantea declarar la emergencia social y económica en materia de deudas de los consumidores financieros y establecer límites a las tasas de interés, mientras otra crea el programa de refinanciación y una tercera incorpora un régimen específico de insolvencia para personas humanas.

Los fundamentos citan datos del Banco Central para describir la magnitud del problema del sobreendeudamiento.

Según esos datos, la morosidad de las financiaciones destinadas a las familias alcanzó el 10,6% en enero de 2026 y el 12,8% en mayo , mientras que el 26,9% de los usuarios del sistema financiero registraba atrasos superiores a 90 días.

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Otro indicador mencionado en el proyecto corresponde a los créditos destinados a la compra de electrodomésticos, cuya irregularidad alcanzó el 44,3% en febrero de 2026 .

Para Herrera Ahuad, estos datos reflejan una situación en la que parte de los hogares destina una proporción excesiva de sus ingresos al pago de deuda , lo que afecta su capacidad para cubrir necesidades esenciales.

El primer componente del proyecto propone establecer, de manera excepcional y temporal, un límite máximo para las tasas aplicadas a créditos destinados al consumo.

Ese límite estaría vinculado con la tasa de referencia que determina el Banco Central para los depósitos a plazo fijo de personas humanas y, según los fundamentos, funcionaría como referencia para evitar tasas consideradas excesivas sin modificar retroactivamente contratos ya celebrados.

El segundo componente establece el Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal , cuyos fondos tendrían como único destino cancelar, refinanciar o sustituir obligaciones existentes . La propuesta busca que la herramienta funcione como un mecanismo de reorganización financiera y no como una vía para ampliar nuevamente el consumo financiado.

El tercer componente aborda a las personas que ya no tienen capacidad para afrontar sus obligaciones. El proyecto plantea crear un concurso personal simplificado y un mecanismo de liquidación con exoneración del pasivo residual, al tomar como referencia los principios de segunda oportunidad desarrollados en otros sistemas jurídicos.

Además, el régimen vigente no contempla una herramienta específica que permita a una persona humana liberarse del pasivo que permanece después de una liquidación.

La propuesta sostiene que esta situación puede prolongar indefinidamente las consecuencias de una crisis financiera personal y plantea una alternativa para quienes hayan llegado a una situación de insolvencia.

El objetivo declarado de la iniciativa no es eliminar el crédito ni desalentar el financiamiento , sino modificar su función para que pueda atender necesidades sin comprometer la subsistencia de las familias.

En ese sentido, el proyecto busca combinar límites al costo del crédito, refinanciación de deudas y una segunda oportunidad para los casos de insolvencia , herramientas que podrían alcanzar también a los hogares misioneros si la propuesta se convierte en ley.

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