En búsqueda de la rentabilidad perdida

Por Aníbal Blasco – Licenciado en Comercialización.

Esta semana se logró un paso importante en pos de encontrar una solución a la profunda crisis que vive el sector yerbatero. Productores, Cooperativas y Gobierno provincial decidieron establecer un precio de 390 pesos por kilo de hoja verde. La caótica situación comenzó ni bien el gobierno nacional desreguló el mercado y le quitó sus facultades al INYM, en aquel momento se buscaba un precio por arriba de los 500 pesos y terminó cayendo a menos de 125 por kilo.

El pedido tiene un amplio consenso de los productores yerbateros de la provincia, así se lo hicieron saber al ministro del Agro Facundo López Sartori, quien fue el encargado -por pedido del gobernador Hugo Passalacqua- de llevar adelante las reuniones.

La visión de Rovira sobre el tema es clara: evitar que la situación termine como en la década del ’90, con miles de chacras rematadas y los productores fundidos. Conoce de primera mano, como tantos misioneros, los efectos de esta política que tiene como objetivo sostener un precio bajo que beneficie al puñado de no más de 10 empresas que conforman la industria del sector.

Debe destacarse que estas reuniones y este consenso en exigir un precio que mejore la rentabilidad del productor se produce cuando dos figuras centrales del gobierno nacional celebraron la situación actual del sector yerbatero.

La semana que concluye tuvo como novedad el lanzamiento por parte del gobierno nacional de una bitácora de gestión del presidente Milei, en la misma se sintetizan las principales medidas gubernamentales desde su asunción en diciembre pasado. Entre ellas figura la desregulación del INYM y otro título que lleva como nombre “Eliminación de trabas en la comercialización y producción de yerba mate”. Este último apartado señala que “se derogó un grupo de normas de 1998 que establecían la obligatoriedad de emitir una serie de documentos para poder trasladar e industrializar este cultivo, como el comprobante denominado ‘Hoja de ruta yerbatera’.  Asimismo, los molinos, secaderos y/o depósitos ya no tendrán que registrar de forma obligatoria en el ‘Libro de Movimientos y Existencias’ los ingresos, egresos y existencias de dichos productos”.

Mientras que en relación al INYM se indica que “el funcionamiento de este instituto transformaba una industria competitiva en una industria monopólica, limitando la oferta y fijando un precio mínimo”. Y fundamenta de la siguiente manera: “la reforma, que toma como modelo al Instituto Nacional de Vitivinicultura, restringe las actividades del instituto a las verificaciones de calidad, prohibiendo su intromisión en un mercado competitivo”.

Quien también manifestó su postura a favor de la regulación fue nuevamente Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, el funcionario afirmó que de mantener el INYM sus facultades para fijar precio de hoja verde, el kg. estaría alrededor de 500 pesos, en lugar de los 125 que se paga hoy. De esta manera, agregó Sturzenegger, el consumidor tiene yerba más barata.

Luego señaló que en conversaciones con el sector los instó a exportar más y dejar de pensar en el mercado interno para que de esa manera el productor pueda mejorar su rentabilidad. Reafirmó la política encarada y propuso “competir en el mundo” para que el productor pueda “sobrevivir”. Además, señaló -de manera incorrecta- que la exportación de yerba mate estaba prohibida.

Milei y Sturzenegger fallan en analizar como un mercado más el de la yerba y no evaluar las particularidades del caso, como la cantidad de oferentes que existen y la asimetría entre productores y empresas en el plano de la negociación sin ninguna regulación. Es un oligopsonio, es decir, que la competencia es imperfecta dado que existe un número pequeño de demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado. Todo el beneficio se concentra en los compradores -industria- pero no en los vendedores -productores-, puesto que reciben un precio miserable por lo que elaboran.

Por supuesto, este festejo no cayó bien entre los productores de la tierra colorada. Uno de los que reflejó la indignación, la sorpresa y el desconcierto que causaron las menciones celebraciones fue el productor Julio Petterson: “Mi opinión es que están locos, no pueden festejar la necesidad de prácticamente 50.000 familias por la baja de precio de nuestro producto donde hoy redunda la pobreza y la necesidad de nuestros pueblos y colonias”, sentenció.

“Me entristece la situación, en palabras de Sturzenegger, la yerba iba a estar 500 pesos si estaba regulada, y está 125 pesos. No puedo entender que celebre matar ante la necesidad a 50.000 familias que dependemos de la actividad”, concluyó el productor reflejando el sentimiento de todo el sector productivo misionero.

Presupuesto 2025

Precisamente, la exposición que realizó el ministro Safrán ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, en el marco del análisis presupuestario 2025 tuvo ecos de lo que fue la década del ’90 en la provincia. En este caso, sobre la deuda pública. El funcionario detalló que Misiones es la quinta provincia menos endeudada del país, con la dificultad que tuvo que partir desde muy abajo, debido al fuerte endeudamiento propiciado por la administración Puerta en aquel entonces. Lo destacable del caso, afirmó el ministro, es que Misiones lo hizo sin haber ajustado a la población ni aplicar tarifazos sobre los servicios públicos -muy diferente a lo realizado en la actualidad por el gobierno nacional-.

Otro de los puntos salientes de la alocución de Safrán fue explicar las consecuencias del brutal ajuste aplicado por el gobierno nacional. El ministro fue claro al señalar que el programa económico del gobierno nacional ocasionó una pérdida de $184.000 millones desde enero hasta agosto, “lo que equivale a un mes o mes y medio de Coparticipación”.

El monto total proyectado para el Ejercicio Financiero 2025 es de $3.107.874.111.000, lo que representa un incremento del 24% frente al crédito vigente del Presupuesto actualizado 2024. Con respecto a los gastos totales, para el año 2025 se estima que nuevamente las erogaciones incluidas en el concepto Inversión Social alcancen el 69% del total: 25% con destino Cultura y Educación, 22% para Salud y 21% para Bienestar Social; una decisión política y estratégica que en este contexto de retirada del Gobierno nacional cobra mayor relevancia, teniendo en cuenta, por ejemplo, el aumento en los índices de pobreza publicados recientemente por el INDEC.