La caída del estudio que avalaba su inocuidad volvió a exponer los riesgos sanitarios y ambientales del glifosato. Mientras crecen las denuncias contra Monsanto, cada vez más países avanzan con prohibiciones y restricciones a su utilización.
La decisión de retirar el estudio que durante más de dos décadas minimizó los riesgos del glifosato provocó un fuerte sacudón en la agroindustria internacional. Ese texto funcionó desde el 2000 como respaldo científico para defender el herbicida frente a crecientes cuestionamientos sanitarios y ambientales.
El pasado 28 de noviembre, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology comunicó la eliminación del artículo de su archivo. Argumentó la existencia de “problemas críticos” que afectaban la integridad académica del trabajo y ponían en duda sus conclusiones.
Eliminaron el estudio que defendía la seguridad del glifosato
Publicado en abril de 2000, el estudio afirmaba que el herbicida resultaba seguro para la salud humana. Monsanto, creadora del producto y hoy integrada al grupo alemán Bayer, lo utilizó como sustento central para posicionarlo en el mercado global y neutralizar advertencias científicas.
Durante años, ese texto influyó en políticas públicas sobre plaguicidas en numerosos países. Su peso académico ayudó a consolidar regulaciones permisivas pese a las alertas sobre daños potenciales a la salud y la biodiversidad.
Especialistas consultados por La Jornada coincidieron en que la retractación obliga a los Estados a revisar con urgencia el uso del glifosato. Recordaron que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasificó como posible cancerígeno.
Peter Clausing, integrante de la Red de Acción contra los Plaguicidas de Alemania, fue categórico al señalar que “debería haber sido prohibido hace mucho tiempo”. Para el investigador, la evidencia acumulada supera cualquier defensa corporativa.
En la misma línea, Silvia Ribeiro, coordinadora de investigación de la Alianza Biodiversidad, consideró que el retiro del artículo llegó tarde. Sin embargo, destacó la relevancia de que una revista científica haya reconocido las fallas del estudio.
Cada vez más países prohíben el uso del herbicida
Varios países comenzaron a limitar o prohibir el uso de herbicidas con glifosato por sus riesgos sanitarios. Vietnam lo vetó por completo, mientras que Países Bajos, Bélgica y Francia avanzaron con restricciones en el ámbito doméstico.
Alemania e Italia impidieron su aplicación en espacios públicos. A su vez, Bermudas, San Vicente y las Granadinas y Sri Lanka establecieron regulaciones específicas según condiciones de uso.
En América Latina, Colombia y El Salvador aplicaron prohibiciones totales que luego levantaron. En Argentina, algunas provincias implementaron restricciones parciales en determinados territorios.
El glifosato se convirtió en el herbicida más utilizado del planeta desde su lanzamiento en 1974 bajo la marca Roundup. Su expansión se aceleró en los años noventa con la adopción masiva de cultivos transgénicos.
Desde 1996, su aplicación creció un 1.500 por ciento vinculada a la siembra de soja, maíz y algodón modificados genéticamente. Ese crecimiento lo transformó en un pilar del negocio agroindustrial.
En 2023, el mercado global del glifosato alcanzó ingresos por 6.210 millones de dólares. Proyecciones privadas estiman un crecimiento anual superior al 4,5 por ciento hasta 2032.
El producto elimina malezas y plantas no deseadas. Su precio oscila entre cuatro y 20 dólares por galón, según la marca, la concentración y la región. Tras la liberación de su patente en 2002, cualquier laboratorio pudo producirlo. Aun así, Bayer-Monsanto consolidó su control comercial sobre el herbicida.
Pese a las miles de demandas por presuntos daños a la salud, no surgieron alternativas con igual eficacia y costo. Esa falta de reemplazo sostuvo su uso a gran escala.
Alertan que el estudio retractado tuvo autores pagados por Monsanto
Investigaciones posteriores demostraron que el estudio retractado contó con autores fantasma pagados por Monsanto. Esa práctica forma parte de una estrategia corporativa documentada.
Ribeiro sostuvo que la empresa “construyó evidencia falsa” para respaldar la seguridad del producto. Según afirmó, esa metodología influyó durante décadas en regulaciones oficiales.
Los denominados Monsanto Papers, desclasificados tras más de 100 mil juicios en Estados Unidos, expusieron maniobras para incidir en publicaciones científicas. Esos documentos revelaron vínculos directos entre la empresa y estudios favorables.
En septiembre, los científicos Alexander Kaurov y Naomi Oreskes publicaron un trabajo que atribuye la autoría real del estudio de 2000 a Monsanto. El artículo figuraba firmado por Gary Williams, Robert Kroes e Ian Munro. Tras analizar el texto, los autores concluyeron que la redacción corporativa constituye fraude científico. Advirtieron que estas prácticas distorsionan decisiones políticas basadas en evidencia.
Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, afirmó que la empresa priorizó ganancias sobre la salud pública. Indicó que el estudio retractado sirvió como referencia central para políticas de seguridad.
Clausing denunció el rechazo sistemático de estudios independientes que alertaban sobre efectos neurotóxicos y cancerígenos. Según señaló, los textos con autores fantasma ayudaron a desestimar investigaciones incómodas.
Una amenaza de intoxicación global
Frente a la defensa de Bayer-Monsanto, múltiples investigaciones académicas advierten que el glifosato resulta altamente tóxico. Los efectos alcanzan tanto a la salud humana como al ambiente y los suelos. En México, el Colegio de Posgraduados detectó restos del químico en aves y mamíferos silvestres. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires observó daños en abejas expuestas al herbicida.
Estudios médicos vinculan su exposición con irritaciones cutáneas y oculares, mareos y trastornos respiratorios. También registraron aumentos de la presión arterial. Bayer rechazó que el producto cause cáncer. Sin embargo, reservó 4.000 millones de dólares para afrontar futuras indemnizaciones en Estados Unidos.
“Existen 167 mil demandas contra Monsanto, hoy Bayer”, detalló Ribeiro. Indicó que más de 12 mil millones de dólares ya se destinaron a acuerdos extrajudiciales. El 2 de diciembre, el gobierno de Donald Trump respaldó a la empresa ante la Corte Suprema. Solicitó revisar fallos adversos vinculados al herbicida.
La Casa Blanca apoyó la primacía de la ley federal sobre normativas estatales. Tras ese gesto político, las acciones de Bayer subieron 12 por ciento en Fráncfort, su mejor registro en 17 años.
