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El Gobierno oficializó la prohibición de traslados de cárcel para Presos que cambien de género
El Gobierno prohíbe traslados carcelarios por cambio de género, determinando el alojamiento según el sexo al momento del delito.
El Gobierno oficializó este jueves la prohibición de traslados de cárcel para personas privadas de libertad que cambien su identidad de género. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue formalizada mediante el Decreto 61/2025, publicado en el Boletín Oficial. El alojamiento de los detenidos se determinará por el sexo registrado al momento de cometer el delito, sin considerar cambios posteriores.
Detalles del Decreto 61/2025
Firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente, el decreto establece que la administración penitenciaria asignará el lugar de alojamiento en función del sexo registrado en el momento del hecho delictivo. Además, se prohiben los traslados en dos situaciones específicas:
- Delitos con Violencia de Género: No se permitirá el alojamiento en establecimientos femeninos de personas condenadas por delitos violentos contra mujeres.
- Riesgo para la Seguridad: Se denegará el traslado si representa un riesgo para la seguridad o integridad de otros internos.
Justificación de la Medida
El Gobierno citó el caso de Gabriela Fernández, quien tras cambiar su identidad de género fue trasladada a un penal femenino, donde luego fue denunciada por abusos contra una interna. Este caso se utilizó como ejemplo para argumentar que el cambio de identidad de género podría ser utilizado de forma abusiva para obtener beneficios penitenciarios.
Impacto y Estadísticas
Según datos del Servicio Penitenciario Federal, actualmente hay 56 personas trans en cárceles federales argentinas. De ellas, solo dos han solicitado traslado tras su cambio de identidad de género, lo que representa menos del 4% de esta población carcelaria.
Adhesión y Vigencia
El decreto insta a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa, que ya se encuentra en vigencia tras su publicación oficial. La medida forma parte de la agenda del Gobierno orientada a limitar ciertos derechos adquiridos en el marco de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743.
