El Gobierno justifica la designación en comisión
La designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema se concretó mediante decreto, amparándose en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que permite al Presidente realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. La medida, según el Ejecutivo, busca normalizar el funcionamiento del máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres miembros.

El comunicado oficial de la Presidencia destaca que «el Gobierno Nacional no tolerará que los intereses políticos obstaculicen el correcto funcionamiento de la Justicia». Además, recalca que la facultad de selección de candidatos para la Corte corresponde exclusivamente al Presidente, mientras que el Senado solo debe analizar su idoneidad técnica.

Antecedentes y polémica en el Congreso
El proceso de nominación comenzó el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió los pliegos de Lijo y García Mansilla al Senado. Posteriormente, el 15 de abril, se publicaron los antecedentes de ambos juristas en el Boletín Oficial, habilitando la consulta pública. Luego, el 21 y 28 de agosto se realizaron las audiencias correspondientes, tras las cuales ambos candidatos quedaron en condiciones de obtener dictamen y ser votados en la Cámara Alta.

Sin embargo, el Senado no trató los pliegos durante el período ordinario de sesiones ni en las extraordinarias convocadas por el Ejecutivo. Ante este estancamiento, el Gobierno decidió avanzar con la designación en comisión.

La medida ha generado intensas reacciones en la oposición y en sectores del ámbito judicial. Algunos senadores cuestionaron la decisión, argumentando que, si bien la Constitución permite nombramientos en comisión, este mecanismo no debería aplicarse en cargos de la Corte Suprema. Por otro lado, desde el oficialismo sostienen que hay antecedentes de este tipo de designaciones, como ocurrió en 2015 con Mauricio Macri, quien nombró en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, aunque luego esperaron la aprobación del Senado antes de asumir en el cargo.

A pesar de la controversia, el decreto firmado por Milei ya entró en vigencia, y Lijo y García Mansilla ocuparán sus cargos en la Corte hasta la finalización del próximo período legislativo, salvo que el Senado rechace sus nombramientos antes de esa fecha.