El conflicto genera profunda preocupación en Misiones porque estos fondos sostienen de manera directa los ingresos de doce mil productores locales. Además, los recursos dinamizan la economía regional de los municipios y financian obras sociales esenciales, servicios de salud pública y programas de diversificación productiva en las chacras.

Según detalla el documento legal, la auditoría interna realizada por la entidad misionera refleja que las compañías habrían omitido ingresar total o parcialmente el dinero correspondiente. Estos montos obligatorios deben ser girados de manera regular ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación según las normativas vigentes.

En la práctica, la situación implica que las firmas estarían reteniendo de forma ilegal recursos financieros de afectación específica. Este depósito obligatorio resulta indispensable para sostener la actividad tabacalera en la provincia y garantizar la subsistencia económica de numerosas familias rurales que dependen exclusivamente de esta producción agrícola tradicional.

Desde la institución rural advirtieron con firmeza sobre las consecuencias negativas que genera esta demora administrativa y financiera en el sector productivo local. Los productores tabacaleros sufren un perjuicio grave, concreto y directo por la falta de cumplimiento en tiempo y forma con el depósito de estos recursos, explicaron desde la conducción.

Para respaldar legalmente este reclamo, la dirigencia de la Cámara invocó diversos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal ya ratificó en varias oportunidades la total constitucionalidad del régimen fiscal y legal aplicable al sector tabacalero, despejando cualquier tipo de duda sobre la legitimidad de estas cargas tributarias.

La entidad provincial, encabezada por Gustavo Piñeiro, exige a Espert S.A., radicada en Berazategui, y a Cigarrillos y Tabacos S.A., con domicilio en San Salvador de Jujuy, la cancelación inmediata de la deuda histórica, sumando además los intereses compensatorios, punitorios y accesorios que la ley determina para estos casos.

Asimismo, la conducción de la Cámara advirtió que, en caso de no verificarse el depósito correspondiente dentro del plazo estipulado, darán intervención directa a las autoridades nacionales competentes.

El objetivo de esta medida posterior será proceder de manera inmediata al cobro coactivo de los montos reclamados para proteger a los productores.

Finalmente, el comunicado institucional dejó abierta la posibilidad concreta de iniciar acciones tanto administrativas como penales contra los principales directivos de las firmas involucradas. La organización busca así garantizar que los recursos económicos regresen a la provincia para cumplir con los fines sociales y productivos establecidos por la ley.