La entidad binacional Itaipú confirmó de manera oficial que mantenía colocaciones financieras por un monto cercano a los 181 millones de dólares en Ueno Bank al momento en que la entidad bancaria fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP). Frente a este complejo escenario, las autoridades de la hidroeléctrica informaron que iniciaron gestiones ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de resguardar y recuperar la totalidad de los recursos depositados.

De acuerdo con el desglose presentado por la institución a través de un comunicado emitido el último sábado 7 de noviembre, los saldos registrados al 3 de noviembre alcanzaban 163,8 millones de dólares en moneda extranjera y 115.200 millones de guaraníes en moneda local. La revelación de estas cifras generó inmediata repercusión en el ámbito financiero y político paraguayo, dado que los montos inmovilizados sobrepasan con holgura los registros informados públicamente en semanas previas.

Un incremento significativo frente a los registros de octubre

La magnitud de los recursos depositados en Ueno Bank encendió señales de alerta al compararse con el informe que la propia binacional había difundido el pasado 13 de octubre. En aquella oportunidad, la entidad bancaria figuraba posicionada en el tercer lugar entre las instituciones financieras con mayores saldos promedio de la hidroeléctrica, reportando saldos de 49,8 millones de dólares y 27.703 millones de guaraníes.

Al contrastar aquel reporte de octubre con la situación constatada al 3 de noviembre, se observa un incremento sustancial en la exposición del ente en dicha firma financiera:

• Los fondos colocados en dólares crecieron 3,3 veces por encima del promedio publicado previamente.
• Las disponibilidades en guaraníes experimentaron un alza equivalente a 4,2 veces respecto a los saldos precedentes.

Itaipú había comenzado a operar comercialmente con Ueno Bank en enero de 2025. Desde la entidad hidroeléctrica se indicó que los depósitos acumulados corresponden a transferencias entre cuentas propias y a ingresos transferidos por la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Asimismo, puntualizaron que el volumen de capital albergado en la entidad representa el 7,6% del total de recursos ingresados a Paraguay a través de remesas enviadas desde Brasil entre 2024 y 2026, un flujo binacional que sobrepasa los 2.409 millones de dólares.

Declaraciones oficiales y destino de los fondos

Pese a la cuantía de los montos bajo análisis, la administración de Itaipú aseguró que este suceso no pone en riesgo ni compromete la continuidad operativa regular de la represa, alegando que la entidad sostiene una política orientada a diversificar sus disponibilidades entre diversas entidades bancarias del sistema. No obstante, el informe oficial omitió detallar cuáles son los montos que mantiene en otras firmas del sector financiero ni las tasas de interés y plazos bajo los cuales se habían pactado los depósitos con Ueno Bank.

Consultado respecto a la naturaleza y destino de este dinero, el superintendente de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, brindó precisiones sobre el esquema de administración de los recursos:

Los rendimientos financieros cercanos a 450 millones de dólares corresponden a la suma total de las operaciones de la entidad. Los fondos en Ueno no tenían asignaciones específicas y se utilizaban conforme al plan de caja y avance de proyectos.

El vocero añadió que los fondos se nutrían de los pagos efectuados por la estatal Ande en concepto de compra de energía eléctrica, márgenes de rentabilidad y gastos Corrientes vinculados a la explotación y funcionamiento de la central hidroeléctrica.

La brecha con la garantía estatal y los plazos de intervención

Uno de los puntos más críticos que enfrenta la recuperación del capital radica en las limitaciones del marco regulatorio financiero paraguayo. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) establece por normativa una cobertura de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad. Esta cifra resulta ínfima frente a las decenas de millones de dólares y miles de millones de guaraníes que Itaipú tenía colocados en la firma privada.

Ante esta desproporción entre la garantía legal y el saldo real, la vía jurídica impulsada ante la Fiscalía General del Estado cobra un papel central para la defensa patrimonial del ente binacional. Paralelamente, el proceso se encuentra condicionado por los tiempos administrativos del Banco Central del Paraguay, organismo que cuenta con un plazo máximo de 15 días desde la fecha de intervención —el 3 de noviembre— para estructurar el balance de exclusión de activos y pasivos.

El desenlace de este procedimiento determinará los mecanismos a los cuales podrá recurrir Itaipú para recuperar sus activos, mientras persisten los interrogantes sobre los criterios técnicos que impulsaron la concentración de saldos tan elevados en la firma antes de que la autoridad monetaria determinara su intervención.