La quinta jornada del histórico juicio contra Germán y Sebastián Kiczka marcó un hito en el proceso judicial que ha conmocionado tanto al ámbito político como a la sociedad misionera. Este lunes se presentaron tres peritos técnicos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), quienes analizaron dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados previamente. Además, dos psiquiatras forenses fueron citados por el Poder Judicial para evaluar aspectos relacionados con la salud mental de los acusados.
El fiscal Martín Alejandro Rau busca consolidar las pruebas que demuestren no solo la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), sino también la posible producción de dicho contenido, lo que significaría un agravante en las penas solicitadas. Por su parte, la defensa insiste en cuestionar la procedencia del material encontrado, aunque Sebastián Kiczka admitió previamente su autenticidad.
La Declaración Escrita de Pedro Puerta Genera Controversia
Uno de los momentos más polémicos del juicio es la decisión del diputado provincial Pedro Puerta de declarar por escrito ante el Tribunal Penal N° 1. Puerta, quien introdujo a Germán Kiczka en la política a través de su partido Activar, se amparó en sus fueros legislativos para evitar comparecer personalmente. Esta estrategia limita la posibilidad de repreguntas por parte de la fiscalía sobre la relación entre ambos y los mensajes intercambiados.
El testimonio de Puerta también incluirá preguntas relacionadas con un video comprometedor en el que aparecen él y Germán Kiczka hablando sobre el uso de sustancias conocidas como «yuyitos» para facilitar relaciones sexuales con menores. Este material ha generado un debate público y llevó al abogado Carlos Benítez a presentar una denuncia formal ante la legislatura misionera, argumentando que las acciones evidenciadas podrían configurar un ilícito penal según el artículo 118 del Código Penal argentino.
A medida que avanza el juicio, las conexiones políticas y las implicaciones legales continúan siendo el centro de atención en uno de los casos más resonantes de explotación sexual infantil en el país.