El presidente Lula da Silva alcanzó este domingo una victoria histórica al imponerse en la segunda vuelta electoral ante el senador y postulante por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. Con este triunfo, el referente del Partido de los Trabajadores (PT) logró una hazaña inédita en el sistema político brasileño desde la recuperación democrática: ganar un balotaje tras haber quedado en el segundo escalón en la primera ronda electoral, asegurando así un inédito cuarto mandato no consecutivo en el Palacio de Planalto.
De acuerdo con el escrutinio oficial, el actual jefe de Estado cosechó el 51,76% de los sufragios, frente al 48,24% obtenido por su contrincante liberal. La ajustada definición consolidó una remontada que rompió una regla no escrita pero invariable desde la reinstauración de los comicios directos en 1989: hasta la fecha, todo dirigente que había liderado la primera ronda electoral había terminado quedándose con la Presidencia.
En la primera vuelta disputada el pasado 4 de octubre, el escenario había resultado adverso para el oficialismo. En aquella oportunidad, las urnas otorgaron el 47% de las voluntades a Flávio Bolsonaro y relegaron a Lula da Silva al 45,1%, una distancia que no había sido anticipada por las principales firmas encuestadoras del país. Aquella misma noche, tras asimilar la sorpresa del desenlace inicial, el líder del PT ratificó su convicción de revertir los números apoyándose en la experiencia acumulada a lo largo de siete campañas presidenciales.
De inmediato, el PT y sus aliados activaron una intensa movilización de bases y desplegaron una estrategia integral de contención socioeconómica para disputar voto a voto el electorado de menores ingresos y de las grandes periferias urbanas. La propuesta oficialista se enfocó en garantizar los derechos sociales, sostener la inversión pública, aplicar inteligencia táctica en materia de seguridad ciudadana y continuar con el freno a la deforestación en la selva amazónica, planteando además los comicios como un plebiscito en defensa de la institucionalidad democrática frente al eventual retorno de la familia Bolsonaro al poder central.
Durante la jornada cívica de este domingo, luego de emitir su voto en el estado de San Pablo, Lula trazó una marcada línea de demarcación ideológica y soberana al señalar que su oponente pretendía “gobernar con la bandera estadounidense”, manifestando a la vez su certeza de que la ciudadanía elegiría un modelo donde los colores y los símbolos nacionales fueran respetados plenamente.
En paralelo, la militancia progresista copó las calles con actos públicos bajo el lema “Nunca más Bolsonaro”, enfatizando en sus discursos los cuestionamientos hacia la administración de la pandemia de coronavirus —que ocasionó 700.000 fallecidos en el territorio brasileño— y las consecuencias de las políticas de ajuste aplicadas durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Los partidarios del mandatario sostuvieron que la reelección era el único camino para resguardar las políticas redistributivas y ambientales, frente a las promesas de desregulación impulsadas por Flávio Bolsonaro en un contexto signado por la presión inflacionaria sobre el costo de vida y la demanda de seguridad.
“El cambio no es privar a la gente de sus derechos”, advirtió de manera contundente Lula durante la campaña al cruzar las iniciativas de su rival.
El tramo final de la contienda estuvo marcado por fuertes definiciones legislativas y económicas. Apenas diez días antes de la segunda vuelta, el Congreso de la Nación sancionó la reforma que redujo la semana laboral de seis a cinco jornadas y de 44 a 40 horas de trabajo sin reducción de salarios. La medida, respaldada tardíamente por Flávio Bolsonaro en la recta final proselitista, generó tensiones con cámaras empresariales que advirtieron sobre el impacto en los costos, la inflación y el empleo no registrado.
En sintonía, la administración de Lula ejecutó un incremento del 15% en las prestaciones del programa Bolsa Família durante los días previos a la votación. La iniciativa alcanzó a cerca de 50 millones de ciudadanos y demandó una partida presupuestaria de 5.800 millones de reales (unos 1.168 millones de dólares) para lo que resta del año en curso. A ello se sumó un esquema de créditos a tasas preferenciales para pequeños emprendimientos e incentivos fiscales, junto con un mecanismo de renegociación de deudas personales para sanear los historiales crediticios de millones de sectores vulnerables, con un costo calculado en 3.000 millones de reales (604 millones de dólares) a tres años.
Para contener el bolsillo de la población en rubros clave, el Ejecutivo suprimió por un plazo de 30 días —con posibilidad de renovación— los tributos federales a la importación y comercialización de gasolinas, además de conceder subsidios a la importación de gasoil, decisiones que demandaron en conjunto un esfuerzo fiscal de 5.200 millones de reales (1.047 millones de dólares). Asimismo, Lula remitió un proyecto legislativo con el objetivo de instaurar la gratuidad del transporte público de pasajeros durante los fines de semana, iniciativa valuada entre 5.000 millones y 16.000 millones de reales según su alcance definitivo.
La agenda ecológica fue otro de los puntos neurálgicos expuestos ante la comunidad internacional. Desde el inicio de la administración de Lula en 2023, la tasa de deforestación en la Amazonía experimentó una contracción del 45%, marcando su registro más bajo en más de una década. Este balance contrastó con el período de Jair Bolsonaro, cuando la tala indiscriminada había crecido cerca de un 60% y devastado más de 45.000 kilómetros cuadrados de selva.
En el plano de la lucha contra el delito, el mandatario ratificó su proyecto para jerarquizar el Sistema Único de Seguridad Pública e integrar las fuerzas en sus diversos escalafones, contemplando 10.000 millones de reales (1.900 millones de dólares) en créditos reembolsables para equipamiento e infraestructura de las gobernaciones estatales. El diseño institucional abarca la instauración formal del Ministerio de Seguridad Pública, la aplicación de tecnología para la trazabilidad de cargamentos de armas y fondos de redes criminales, y el abordaje de las causas estructurales en zonas críticas mediante urbanización e inserción juvenil.
El veredicto de las urnas tendrá además implicancias directas en el tablero geopolítico global, ratificando la pertenencia activa de Brasil en el Mercosur, los BRICS y el fortalecimiento de los esquemas del Sur Global. Tras la imposición en 2025 de aranceles de hasta el 50% a exportaciones brasileñas por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump —medida atada públicamente al devenir judicial de Jair Bolsonaro—, la continuidad de Lula plantea un escenario complejo y desafiante en el vínculo bilateral con Washington.
