La eliminación de las facultades regulatorias del INYM reabre el debate sobre los bajos precios de la materia prima, el argumento de la sobreoferta y el futuro de miles de productores.

Los antecedentes históricos y los datos de cosecha plantean interrogantes sobre el funcionamiento del libre mercado y la distribución del valor en una de las principales economías regionales del país.

Finalizada la tercera zafra yerbatera en un escenario de libre mercado, vuelven a escucharse planteos de dirigentes políticos y sectoriales que atribuyen los bajos precios de la materia prima a una supuesta sobreoferta.

El argumento remite a la década de 1990, cuando, bajo una política económica similar, se sostenía la misma explicación sin contar con estadísticas suficientes para contrastar.

Por ese entonces, la falta de información condicionaba las decisiones sobre el sector. Se llegó a decretar un subsidio para la no cosecha destinado a productores de hasta cinco hectáreas de yerba mate, medida que no se cumplió porque existía demanda de esa producción.

A comienzos de los años 2.000, la Secretaría de Agricultura de la Nación propuso reconvertir la producción de 8.000 pequeños productores yerbateros hacia otras actividades agropecuarias.

En ambos casos, la sobreoferta se utilizaba para justificar la salida de pequeños productores, considerados ineficientes, bajo la premisa de que su exclusión resolvería la crisis de precios. La pregunta sigue vigente: ¿reducir el número de productores corrige los desequilibrios del mercado o profundiza la concentración de la actividad?

La información como herramienta estratégica

En 1998, la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora solicitó a la AFIP implementar una Hoja de Ruta para generar información básica sobre la comercialización de yerba mate canchada y elaborada.

Para ello, financió dos puestos de control vial a la salida de la zona productora: uno en el Paraje Los Cuay Grande, sobre la Ruta 14, y otro en el Paraje Filadelfia, sobre la Ruta 12, ambos en Corrientes.

El objetivo era controlar el origen y destino comercial de la yerba mate y evitar evasiones.

El antecedente resulta relevante porque, a comienzos de los años noventa, se había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), junto con los registros y las estadísticas acumulados durante 50 años.

La pérdida de esa información debilitó la capacidad de analizar la evolución de la actividad y diseñar políticas sustentadas en datos objetivos.

Durante ese período se desarrollaron distintas mesas de concertación de precios convocadas por el Gobierno provincial, pero, al no ser obligatorios los acuerdos, ninguno pudo cumplirse. Muchos productores abandonaron la actividad y se produjo un proceso de concentración.

El antecedente del INYM y la recuperación de los precios

La crisis de 2.001-2.002 permite dimensionar las consecuencias de un mercado sin herramientas regulatorias. En aquel momento, el kilogramo de hoja verde puesto en secadero se pagaba a 2 centavos de peso, mientras los productores reclamaban un mínimo de 16 centavos.

Las industrias atribuían esos valores a la sobreoferta y, junto con el Gobierno de Corrientes, se oponían a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

En julio de 2.002 se realizó la primera reunión de su Directorio y, en agosto, la primera sesión especial para discutir y fijar los precios de la materia prima.

Se acordó por unanimidad establecer el precio de la hoja verde en 13,5 centavos, muy por encima de los 2 centavos que se pagaban hasta entonces.

A partir de allí, cada seis meses se registraron incrementos definidos en la mesa del Instituto o mediante arbitrajes de la Secretaría de Agricultura de la Nación, según los planteos de los distintos sectores.

Durante ese período no se registraron impactos que afectaran al consumidor, ni siquiera cuando en 2.009 el precio del kilogramo de hoja verde pasó de 90 centavos a $1,70.

La diferencia entre la CRYM y el INYM es sustancial: mientras que en la primera el precio era fijado por el Estado, en el segundo surgía de una negociación entre representantes sectoriales. No se trataba de un precio político, sino de un acuerdo entre los actores de la cadena.

¿Existe realmente una sobreoferta?

En el escenario actual, la sobreoferta vuelve a presentarse como la principal explicación de los bajos precios. Sin embargo, su caída comenzó inmediatamente después de la eliminación de la facultad de fijar precios mínimos, en diciembre de 2023, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70.

Las estadísticas muestran que desde 2.015 las cosechas se mantuvieron relativamente estables, entre 810 y 880 millones de kilogramos de hoja verde.

En 2.024 se registró un pico de 970 millones; en 2.025, los valores volvieron a los niveles históricos, y la zafra gruesa de 2.026 cerró en 818 millones de kilogramos.

Por otra parte, el mercado interno y externo demanda 325 millones de kilogramos de yerba mate elaborada al año, para cuya producción se necesitan cosechar 975 millones de kilogramos de hoja verde.

Sobre la base de estos datos, se sostiene que el problema no es una sobreoferta estructural, sino una imposición de precios por parte de los compradores.

Si efectivamente existiera sobreoferta, ¿por qué el consumidor no obtiene un beneficio equivalente mediante precios más bajos? ¿Se utiliza nuevamente ese argumento para justificar la salida de productores y profundizar la concentración económica?

Poder de compra y asimetrías en la cadena La afirmación de que el mercado ordena por sí mismo las relaciones económicas debe analizarse frente a la estructura de la actividad.

En la práctica, se sostiene que el denominado «precio de mercado» está determinado por las cinco principales industrias, que además pueden modificar los tiempos de disponibilidad de la oferta mediante cámaras de estacionamiento acelerado.

Esta tecnología permite disponer de yerba mate canchada en plazos inferiores a los 12 meses del estacionamiento tradicional, período que se necesita de manera natural y que se expresa en el rótulo del paquete.

Por lo tanto, el libre mercado está condicionado por las asimetrías de poder y de información entre los actores.

En este contexto, preocupa la posibilidad de eliminar registros y estadísticas del INYM, como ocurrió con la CRYM, y reducir la fiscalización de la calidad, dejándola en manos de las propias industrias o delegándola en un organismo también desguazado, como el SENASA.

La pérdida de información no beneficia a ningún eslabón. Tampoco favorece a las industrias que habían valorado públicamente las estadísticas actualizadas y la fiscalización, herramientas necesarias para cumplir las normas. Para el Estado, son indispensables para diseñar políticas públicas sectoriales y garantizar la inocuidad del producto.

¿Por qué se acompaña, entonces, el desguace y la intervención del INYM, cuando durante el período en que contó con todas las facultades establecidas por ley la cadena logró recuperarse y crecer? Hoy la crisis afecta a productores, pequeños y medianos secaderos e industrias, y especialmente a las cooperativas.

La situación vuelve a plantear el riesgo de una segunda etapa de concentración, después de la iniciada en los años noventa.

Costos crecientes y pérdida de rentabilidad

La defensa del INYM no debería reducirse a una discusión ideológica o partidaria. Si se pretende sostener la producción en manos de miles de productores y cientos de pequeñas y medianas empresas secadoras e industrias, la experiencia histórica demuestra la necesidad de mecanismos que equilibren las relaciones comerciales.

Actualmente, el kilogramo de hoja verde se paga $285, frente a un costo de producción estimado en $470 por kilogramo y un gasoil de $2.500 por litro. En diciembre de 2023, la hoja verde se pagaba $400 por kilogramo y el gasoil costaba $360 por litro.

A esto se suman los incrementos de los costos laborales, reflejados en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG), y las altas tasas de interés que restringen el acceso al crédito.

Funcionarios nacionales expresaron que su política busca garantizar yerba mate a bajo precio para el consumidor. Esto plantea una contradicción: ¿se interviene en la cadena para controlar los precios en góndola mientras se mantienen desregulados los valores pagados al productor?

¿Se prioriza el abaratamiento del producto sin considerar las consecuencias sobre la principal economía regional del país?

En este marco, también manifestaron satisfacción por el aumento de las exportaciones, sin considerar que se realizan a valores inferiores a los de los últimos diez años.

El crecimiento de la demanda externa es resultado de años de promoción, misiones comerciales en el exterior, el aporte de referentes deportivos y, especialmente, investigaciones científicas del CONICET que ratificaron las propiedades de la yerba mate para la salud.

En ese proceso también debe destacarse el trabajo del equipo técnico del INYM, cuyas capacidades fueron reducidas durante la actual gestión.

Calidad, transparencia y equidad para el consumidor El debate no puede limitarse al precio de la materia prima. También debe contemplar la calidad, la inocuidad y la distribución del valor generado a lo largo de la cadena.

Se podría avanzar en una tipificación del producto que garantice el cumplimiento de la información declarada en los rótulos. Actualmente, ese cumplimiento no se estaría produciendo de manera clara en las marcas tradicionales. En paralelo, crece la demanda que reciben marcas emergentes de cooperativas y de los propios productores.

Garantizar controles e información transparente permitiría ofrecer mayores certezas al consumidor y establecer condiciones más equitativas para los distintos actores.

Recuperar las facultades del INYM

Fortalecer el INYM constituye una decisión estratégica para equilibrar las relaciones de fuerza dentro de la cadena. Recuperar la facultad de fijar precios mínimos de la materia prima permitiría restablecer una instancia de negociación entre compradores y vendedores, considerando los costos productivos y las necesidades de los distintos sectores.

De lo contrario, la próxima zafra de 2.027 podría comenzar con valores iguales o inferiores a los de hace cuatro años, mientras los costos continúan aumentando a niveles que amenazan la sostenibilidad de la producción.

La discusión de fondo no es solamente si existe sobreoferta o cuánto debe pagarse por el kilogramo de hoja verde. Se trata de definir qué modelo productivo se pretende sostener y qué herramientas permitirán garantizar su continuidad.

Recuperar las facultades del INYM no significa negar el funcionamiento del mercado, sino reconocer que una cadena con profundas asimetrías necesita mecanismos institucionales para equilibrar las relaciones comerciales, garantizar información confiable y sostener a miles de productores, cientos de pequeñas y medianas empresas y cooperativas.

Por Ricardo Maciel,Subsecretario de Asuntos Yerbateros

Ministerio del Agro y la Producción