El Gobierno de la Provincia de Misiones resolvió consolidar una estrategia jurídica autónoma frente al avance de la desregulación sobre la propiedad rural impulsada por el Gobierno nacional. A través del Decreto 1935, rubricado el pasado 2 de octubre, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a promover las acciones y herramientas legales pertinentes para frenar la derogación del régimen que limita la titularidad extranjera de tierras rurales, contemplado originalmente en la Ley 26.737.

Esta determinación institucional cobró mayor relevancia tras conocerse, este viernes 9 de octubre, un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Aunque el fallo corresponde a una causa promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie y tramitada en otra jurisdicción, la resolución reabrió formalmente la discusión sobre los alcances y la validez de la desregulación inmobiliaria rural en todo el país.

La nueva cautelar de la Corte Suprema

La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo un giro provisorio en el escenario judicial. A partir de la demanda encabezada por la organización ambientalista Árbol de Pie, el máximo tribunal dispuso frenar la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el Juzgado Federal de Bariloche analice y resuelva sobre la legitimación activa de los actores demandantes y la procedencia de la medida cautelar de fondo.

Si bien esta resolución no se pronuncia de manera definitiva sobre la inconstitucionalidad de la derogación ni deriva de la presentación específica de Misiones, su efecto práctico paraliza temporalmente la flexibilización para la adquisición de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. De este modo, la controversia legal permanece plenamente abierta en los estrados federales.

El antecedente inmediato y la decisión del Decreto 1935

La iniciativa del Poder Ejecutivo misionero respondió a un cambio previo de escenario. El 29 de septiembre, la Corte Suprema había revocado una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaraba la inconstitucionalidad del artículo cuestionado. En ese expediente, iniciado originariamente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Corte desestimó el reclamo al considerar que la entidad no poseía legitimación procesal suficiente para litigar.

Aquel fallo no avaló el contenido de la reforma ni zanjó la cuestión de fondo, pero dejó sin efecto la traba judicial que impedía la vigencia del DNU. Ante el riesgo inminente de desprotección jurídica sobre los inmuebles rurales, el gobernador Passalacqua resolvió actuar de manera preventiva:

Facultar al fiscal de Estado, Eduardo Duarte, a promover todas las acciones y defensas técnicas pertinentes en defensa del patrimonio provincial y de la soberanía sobre el territorio.

Con este instrumento, la provincia dejó de lado la mera declaración discursiva para formalizar una vía procesal directa, convirtiéndose en un actor institucional protagónico en la discusión federal.

Condiciones estratégicas: fronteras, biodiversidad y producción

La postura adoptada por la administración misionera responde a singularidades geográficas, geopolíticas y productivas que diferencian a la provincia del resto del territorio argentino. Entre los argumentos centrales sostenidos por el Estado provincial se destacan:

• Ubicación fronteriza estratégica: Más del 90% del perímetro de Misiones limita con países limítrofes (Brasil y Paraguay), lo que convierte el control y la soberanía del suelo en una materia prioritaria de seguridad e integración nacional.
• Conservación y biodiversidad: La provincia alberga la mayor masa continua de selva paranaense y una biodiversidad única sujeta a políticas activas de conservación ambiental que podrían verse amenazadas bajo esquemas desregulados.
• Estructura agraria familiar: El tejido productivo provincial se fundamenta en pequeños productores, minifundistas y colonos, cuya sostenibilidad depende de resguardar el acceso y la tenencia de la tierra productiva.

Bajo estos parámetros, el Gobierno provincial entiende que el debate en torno a la Ley de Tierras trasciende la libre dinámica del mercado inmobiliario y toca de forma directa la capacidad del Estado para ordenar el uso sustentable de sus recursos.

El debate de fondo sobre la Ley 26.737

Sancionada a fines de 2011, la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales impuso un límite máximo del 15% a la titularidad de extranjeros sobre la superficie rural, aplicable a nivel nacional, provincial y en cada uno de los departamentos. Asimismo, fijó topes específicos para titulares de una misma nacionalidad y prohibió la enajenación de tierras ribereñas o ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

El intento de derogación plasmado en el DNU 70/2023 desató una serie de presentaciones en múltiples fueros judiciales. Mientras la Corte Suprema resuelve las distintas aristas procesales y los juzgados de primera instancia analizan la validez de los planteos, Misiones ratifica que agotará las vías institucionales disponibles para velar por los límites legales vigentes y asegurar el resguardo de su soberanía territorial.