Misiones está en condiciones de emitir su propio Bono Verde después de que Verra certificara la reducción de emisiones.
El sistema internacional validó que la provincia evitó la liberación de 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Esa certificación se logró al frenar la deforestación en la Selva Paranaense entre 2017 y 2022.
El reconocimiento de Verra es clave para que los créditos ambientales tengan valor en el mercado global.
El Gobierno provincial ya prepara la salida del instrumento financiero al mercado de créditos ambientales.
La herramienta busca captar recursos a partir del valor económico que genera la conservación de los bosques nativos.
El respaldo del Ejecutivo nacional llegó tras gestiones políticas realizadas esta semana en el Senado.
Carlos Rovira, mentor de Encuentro Misionero, mantuvo varias conversaciones telefónicas con el canciller Pablo Quirno.
Quirno comprometió el apoyo de la Nación al proceso impulsado por la provincia. Ese compromiso fue ratificado este viernes en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.
El jueves, antes de la sesión de la Cámara de Representantes, Rovira ya había puesto en valor la certificación internacional.
También anticipó que existían negociaciones a nivel nacional para respaldar la iniciativa.
La administración de Javier Milei acompañará la colocación de los bonos misioneros.
La herramienta está pensada para transformar un reclamo histórico en política económica concreta para la provincia.
Con la certificación y el aval institucional combinados, Misiones podrá posicionar sus créditos ambientales.
El reconocimiento de Verra validó las políticas de protección de la Selva Paranaense, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de Sudamérica.
Los bonos verdes son instrumentos financieros atados a proyectos de sostenibilidad ambiental.
En el caso misionero, el activo central es demostrar que sus bosques capturan carbono y evitan emisiones contaminantes.
La certificación permite cuantificar ese beneficio y convertirlo en créditos negociables.
Empresas, fondos de inversión y organismos internacionales los adquieren para compensar sus emisiones o financiar acciones climáticas.
La idea de la provincia es que parte de esos recursos vuelva a Misiones.
El objetivo es sostener la conservación, el control ambiental, el desarrollo tecnológico y el monitoreo satelital del territorio.
También se busca financiar la producción sustentable y la infraestructura necesaria para mantener la selva.
Rovira anunció una nueva batería de proyectos de leyes que incluye el bono verde y la trazabilidad yerbatera.
También se anunció un bono soberano para obras de infraestructura en la provincia.
Estas iniciativas integran una misma estrategia que Rovira presentó como uno de los ejes de la nueva agenda de desarrollo.
En ese marco también se anunciaron iniciativas como el Escudo Satelital para vigilar la selva.
Las herramientas de trazabilidad para la producción yerbatera buscan dar transparencia a la cadena productiva local.
El objetivo de fondo es que Misiones perciba ingresos por conservar más del 50 por ciento de la biodiversidad argentina.
La provincia protege una de las mayores superficies remanentes de Selva Atlántica del continente.
Durante años, Misiones sostuvo que protegía recursos ambientales estratégicos sin recibir una compensación acorde.
Tanto la certificación como el futuro bono aparecen como la vía más concreta para convertir ese servicio ambiental en recursos genuinos.
De avanzar según lo previsto, Misiones podría ubicarse entre las primeras jurisdicciones de América Latina.
Sería pionera en articular certificación internacional, respaldo nacional y emisión de instrumentos financieros basados en la conservación de bosques nativos.
La provincia espera que este mecanismo marque un antes y un después en la forma de financiar la protección ambiental.
El Bono Verde misionero podría convertirse en un modelo para otras regiones del país y del continente.
