En medio de un clima de marcada tensión y creciente malestar en el sector productivo, se publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 109/2026 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). A través de esta normativa se formalizaron dos nombramientos altamente cuestionados dentro de la estructura de conducción de la entidad: la asunción de Rosana Biale al frente de la Gerencia de la institución y la designación de Sebastián Pratto como Auditor Interno.

Ambas incorporaciones se concretan bajo una fuerte controversia y frente a la resistencia expresa de diversos actores centrales de la actividad yerbatera, entre los que se destacan el Gobierno de la Provincia de Misiones, tareferos, productores primarios y el sector cooperativo, sumado al repudio formalizado por cinco organizaciones del rubro.

Los antecedentes detrás del rechazo a Biale y Pratto

El malestar ante el desembarco de Biale en la Gerencia General —uno de los roles ejecutivos con mayor injerencia administrativa y operativa— radica de manera directa en un litigio judicial previo que la flamante funcionaria mantuvo contra el propio organismo yerbatero. Dicho conflicto derivó en un fallo que obligó al INYM a desembolsar una indemnización cercana a los 50 millones de pesos, considerando las costas procesales del expediente.

Por otro lado, la designación de Sebastián Pratto en el área de Auditoría Interna también acumula severas objeciones técnicas e institucionales. Al funcionario se le atribuye responsabilidad directa en el despido de 21 agentes del instituto ocurrido en diciembre pasado, medida que coincidió con el desmantelamiento de dependencias consideradas neurálgicas para el funcionamiento del sector, tales como las áreas de Técnica, Registros y Fiscalización, fundamentales para custodiar los estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Denuncias por presunto conflicto de intereses en la selección

A las controversias sobre las trayectorias de los designados se suma una grave objeción sobre el procedimiento administrativo que derivó en sus contrataciones. Según trascendió, el proceso de selección de ambos cargos jerárquicos estuvo a cargo de la consultora externa Dichi Recursos Humanos, firma que estaría directamente vinculada con Edit Posdeley, actual jefa de Recursos Humanos del INYM y persona de estrecha confianza del presidente del organismo, Rodrigo Correa.

Esta doble función ubicó a una misma funcionaria con presuntos nexos simultáneos tanto en la consultora encargada de la preselección de los aspirantes como en el área interna responsable de viabilizar y avalar las incorporaciones. El representante del Gobierno de Misiones ante el Directorio, Ricardo Maciel, formalizó estas observaciones y objeciones ante las autoridades institucionales, cuestionando la transparencia y la idoneidad ética del proceso.

La correlación de fuerzas en el Directorio

Pese a que diversos sectores productivos advirtieron que la Gerencia General y la Auditoría Interna demandan perfiles con solvencia ética y pleno compromiso con el conjunto de la actividad, las designaciones lograron imponerse gracias al respaldo de una mayoría en el Directorio. Los nombramientos contaron con el voto favorable de:

• María Soledad Fracalossi, representante del sector de la Producción.
• Carmelo Paulo Rojas, por el sector de Tareferos.
• Luis Konopacki, en representación de los Secaderos.
• Herminda María Gabur, representante del Gobierno de la Provincia de Corrientes.
• Gustavo Barreiro y Gerardo López, en representación del sector industrial.
• Rodrigo Correa, presidente de la institución.

Un organismo golpeado por la desregulación y la crisis de precios

La consumación de estas incorporaciones se da en un contexto de extrema fragilidad para la economía regional yerbatera. Desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el mercado sufrió una profunda desregulación que despojó al INYM de una de sus facultades históricas más relevantes: la fijación de precios mínimos de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

Esta situación profundizó un escenario de crisis socioeconómica en las cuencas productivas, agravada además por iniciativas legislativas impulsadas por dirigentes afines al gobierno del presidente Javier Milei, quienes buscan avanzar con una quita aún mayor de atribuciones, competencias de fiscalización y funciones regulatorias sobre el organismo yerbatero.