Esta compleja situación deriva directamente de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate impulsada por el Gobierno nacional. La pérdida de atribuciones del organismo para fijar precios distorsionó la cadena comercial, devaluando el valor de la materia prima y desatando una crisis productiva.

Para lograr la asistencia alimentaria, el registro de las cuadrillas de cosecha se concretó mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de Trabajo. Este organismo estatal identificó previamente a las familias rurales que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social.

A la par de la entrega de alimentos, la provincia desplegará atención médica, vacunación y seguimiento escolar en la región. Estas medidas buscan reforzar la contención integral ante la notoria falta de envíos de fondos y aportes económicos desde el Gobierno nacional.