La iniciativa oficial para cobrar cuotas a estudiantes extranjeros en universidades públicas enfrenta una fuerte resistencia institucional en Buenos Aires. Las casas de altos estudios rechazan la medida y dudan de su efectividad económica.

El debate sobre la gratuidad educativa para alumnos sin ciudadanía argentina se reavivó tras un proyecto presentado en la Legislatura provincial. La propuesta surgió en un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos en redes sociales hacia el país.

De aprobarse el texto redactado por el legislador libertario Agustín Romo, la normativa se aplicaría exclusivamente en el territorio bonaerense. Sectores afines al oficialismo anticipan que buscarán dar una discusión similar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el plano nacional, las autoridades sostienen que la medida ya se encuentra habilitada gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, ratificó la vigencia de la normativa a través de redes sociales.