Un profundo cambio en la administración de justicia comenzó a regir este lunes en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, marcando un hito histórico. La provincia de Misiones se convirtió formalmente en el décimo distrito del país en implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal.
Esta reforma estructural busca imprimir velocidad, oralidad y transparencia a los procesos judiciales vigentes. El flamante modelo deja atrás el tradicional esquema inquisitivo para instaurar un proceso dinámico de investigación y litigio oral que reconfigura las tareas de fiscales y jueces en todo el territorio.
A partir de ahora, los fiscales asumen la conducción directa de las investigaciones penales y la recolección de pruebas necesarias. Por su parte, los jueces pasan a cumplir un rol netamente garantista del proceso y dictarán sus resoluciones en el marco de audiencias públicas.
Para optimizar los recursos, la normativa elimina las fiscalías de primera instancia y las generales. En su lugar, el sistema agrupa los recursos en unidades operativas especializadas enfocadas en la atención rápida a las víctimas y en la resolución acelerada de causas complejas.
Entre los delitos prioritarios de estas unidades especializadas se destacan el narcotráfico y las diversas formas de crimen organizado que afectan a la región. En paralelo, Marcelo Pérez fue designado recientemente como vicepresidente primero del Consejo Federal de Justicia para articular tareas.
Mediante la Resolución PGN 59/26, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, puso en marcha la Fiscalía de Distrito de Misiones. Al frente de este organismo estará la fiscal general coordinadora Vivian Andrea Barbosa, encargada de articular el nuevo funcionamiento.
Asimismo, la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez fue designada como revisora en el esquema institucional, mientras que Pablo Ricardo Di Loreto cumplirá funciones como suplente. La cobertura operativa en todo el territorio provincial quedará distribuida en cuatro nodos estratégicos diferentes.
La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia directa en Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra. Estará dividida en áreas operativas para atención inicial, investigación y litigio de casos sencillos y complejos, transición, ejecución penal, cuestiones electorales y contención a las víctimas.
Por otro lado, la Sede Descentralizada de Oberá abarcará los departamentos Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, 25 de Mayo, Oberá y Guaraní. Su conducción estará a cargo de la fiscal Viviana Alejandra Vallejos en el distrito.
La Sede Descentralizada de Eldorado cubrirá los municipios de Eldorado, Montecarlo y San Pedro, quedando bajo la titularidad de la fiscal Liliam Edith Delgado. En tanto, la Sede Descentralizada de Puerto Iguazú tendrá jurisdicción sobre Iguazú y General Manuel Belgrano.
Esta última dependencia mencionada quedará a cargo del fiscal interino Aníbal Fabián Martínez. Para garantizar la asistencia técnica y el respaldo operativo en la zona norte y centro, la Procuración asignó de forma interina al fiscal general adjunto Marcelo José Bernachea.
El funcionario judicial coordinará acciones de manera directa con las sedes de Eldorado y Oberá. Además, la normativa establece expresamente que el nuevo sistema procesal no afectará en absoluto la tramitación de las causas por violaciones a los derechos humanos.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región continuarán bajo la representación de la fiscal general Vivian Andrea Barbosa. Ella trabajará junto al personal de apoyo y en estrecha coordinación con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la PGN.
La resolución oficial concluye señalando que se garantizará el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional. Para ello, se sostendrá la asignación de los recursos humanos necesarios destinados exclusivamente a sostener estas investigaciones históricas en la región.
