Una nueva presentación formal contra un docente de la EPET N.º 45 de Posadas encendió las alarmas y reabrió el debate sobre los mecanismos de protección integral de los adolescentes dentro de la comunidad escolar. La abogada especialista en derecho de familia Florencia Collinet (MP 4187) reveló que una madre decidió acudir a las autoridades judiciales y policiales junto a su hija para radicar una denuncia penal contra un profesor del establecimiento técnico, acusado de entablar conversaciones inapropiadas a través de WhatsApp y distintas redes sociales con estudiantes menores de edad.

De acuerdo con la información aportada por la letrada, los contactos virtuales denunciados ocurrían de manera reiterada en horarios nocturnos y durante los fines de semana, abordando tópicos ajenos por completo al proceso de enseñanza y aprendizaje. El caso cobró notoriedad pública tras las recientes medidas de fuerza y reclamos estudiantiles que atravesó la institución posadeña, donde inicialmente se cuestionaban presuntos maltratos de parte del personal directivo. En ese marco de asambleas y diálogo entre familiares y alumnos, comenzaron a ventilarse episodios de hostigamiento digital que hasta el momento se mantenían en estricta reserva por temor de las adolescentes involucradas.

“Varios padres tomaron conocimiento acerca de un hecho que no estaba bien, que era un profesor que hablaba vía WhatsApp, por redes sociales con sus alumnas fuera de días y horarios no convencionales”, explicó la letrada.

Entre los señalamientos más graves recogidos por las familias se expuso que el educador solicitaba fotografías personales, reaccionaba a publicaciones privadas de las menores e insistía con comentarios impropios para un vínculo pedagógico institucional.

“Solicitaba fotografías, comentaba estados, hacía comentarios quizás que no son los cuales podría tener un profesional, digamos, un profesor con sus alumnos”, señaló Collinet.

Una madre presentó la denuncia y no se descarta que existan otras alumnas afectadas

La presentación ante la sede correspondiente se formalizó luego de que una progenitora accediera a los registros de mensajería del teléfono celular de su hija. En este caso particular, la estudiante afectada no cedió ante los requerimientos de imágenes íntimas y procuraba mantener respuestas distantes o cortar el diálogo. Sin embargo, a medida que la situación se conversó abiertamente entre tutores y estudiantes, surgieron versiones coincidentes sobre otras jóvenes que habrían experimentado situaciones similares e inclusive habrían recibido obsequios por parte del docente en cuestión.

“Esta mamá que toma el coraje y va con su hija y realizan la denuncia el día jueves”, sostuvo la abogada respecto a los pasos dados por la familia.

Collinet enfatizó que, si bien por el momento circulan versiones y relatos que deben ser evaluados exhaustivamente en sede instructoria, resulta crucial brindar un entorno seguro para que las presuntas damnificadas puedan expresarse sin sentirse culpabilizadas ni intimidadas:

“Si hay más víctimas, que no tengan miedo, que se acerquen a hacer la denuncia, si esto es real, digamos”, expresó la profesional.

Asimismo, la abogada hizo hincapié en la asimetría de poder que existe de forma inherente entre un docente y sus estudiantes, factor que muchas veces paraliza a los adolescentes frente a conductas abusivas. Remarcó con énfasis que el hecho de contestar una conversación o responder un saludo cordial no convierte a un menor en responsable de la conducta inapropiada que un adulto despliega hacia él.

El docente continúa en la institución y esperan medidas de las autoridades

Respecto a la continuidad de las actividades laborales del acusado, la abogada señaló que hasta el momento no se había notificado una suspensión de sus funciones en la EPET N.º 45, por lo que permanecía en su cargo a la espera de las determinaciones que adopten las autoridades ministeriales y la Justicia.

“Actualmente el profesor sigue, vamos a ver qué deciden las autoridades después de esta denuncia”, manifestó.

Según detalló Collinet, la Defensoría pertinente ya tomó conocimiento formal de las actuaciones para arbitrar los mecanismos de resguardo hacia el alumnado. De todas maneras, la abogada subrayó que el proceso debe transitar por los carriles institucionales correspondientes, garantizando el derecho de defensa y la recolección objetiva de pruebas sin emitir juicios anticipados:

“Por supuesto no por un mensaje o dos mensajes significa que se constituye un delito. Tiene que tener todos los requisitos que están contemplados en nuestro Código Penal”, aclaró.

Grooming: qué establece la legislación Argentina y por qué es importante preservar las conversaciones

Uno de los encuadres jurídicos que cobra mayor relevancia en el expediente es el delito de grooming o ciberacoso sexual a menores, incorporado en el artículo 131 del Código Penal argentino. Esta figura castiga con penas que van desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión a toda persona que, mediante comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a un menor de edad con el fin deliberado de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.

La legislación nacional no exige que se haya concretado un encuentro físico para que se configure el ilícito; basta con que se compruebe el contacto tecnológico orientado a vulnerar la indemnidad sexual del menor. Ante esta circunstancia, Collinet resaltó la vital importancia de preservar los elementos probatorios digitales sin alteraciones:

“Hay que tener en cuenta también esto, que es muy importante, por la huella digital, justamente, para ver el patrón que seguía con sus alumnos, de los comentarios que se hacían, si eran fuera del contexto, dentro del contexto escolar”, explicó.

El análisis pericial de los registros informáticos, las capturas de pantalla certificadas, los historiales de chats y los metadatos de las plataformas permitirá a los peritos comprobar la autenticidad de los mensajes, la frecuencia y si existía un patrón sistemático de acercamiento hacia las alumnas.

La EPET 45 ya había sido intervenida tras denuncias de maltrato

Este episodio se suma a una serie de conflictos estructurales que sacudieron la vida comunitaria de la EPET N.º 45 en los últimos meses. El pasado 9 de octubre, el Consejo General de Educación (CGE) resolvió intervenir la escuela técnica, iniciar sumarios administrativos y apartar preventivamente a la directora y a dos docentes, tras sucesivas protestas estudiantiles motivadas por acusaciones de hostigamiento, malos tratos e irregularidades pedagógicas e institucionales.

Si bien la llegada de los interventores aportó cierta tranquilidad inicial, la abogada advirtió que persisten reclamos de padres que denuncian represalias y hostigamiento indirecto contra quienes formaron parte activa de las tomas y manifestaciones pacíficas:

“Le dan diferentes exámenes, no los escuchan, los hacen de menos, hay un cierto maltrato disfrazado, por supuesto, institucional”, sostuvo la letrada al transmitir la preocupación de los tutores.

Esos roces recurrentes derivaron, en algunos casos, en cuadros de angustia severa y crisis de pánico entre estudiantes secundarios, lo que motivó reiterados pedidos para que los organismos de niñez y adolescencia refuercen la supervisión diaria en el colegio.

El pedido de la abogada: proteger a los adolescentes y garantizar una investigación seria

Para concluir, la profesional insistió en que el abordaje de denuncias en ámbitos educativos demanda un equilibrio riguroso entre la celeridad para resguardar a los menores y la seriedad investigativa para esclarecer los hechos con apego estricto a las normas procesales.

“Que una persona menor de edad encuentre protección cuando habla y que una investigación sea seria cuando se denuncia”, expresó.

Con las actuaciones ya iniciadas, resta conocer los pasos que adoptarán el juzgado interviniente y la cartera educativa provincial para determinar si se aplicarán medidas cautelares sobre el docente y corroborar si se incorporan nuevos testimonios al expediente. Por razones de protección legal a la infancia, la identidad de la menor y la del profesor denunciado permanecen en reserva en resguardo del debido proceso.