La Cámara Federal de Comodoro Py decidió reactivar la investigación sobre las demoras del gobierno nacional en adquirir vacunas Pfizer durante el inicio de la pandemia. Con esta resolución, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens anularon el fallo del juez Ariel Lijo, quien había desestimado las denuncias por considerar que no existían pruebas suficientes.
Según los magistrados, persisten dudas sobre las gestiones entre el Estado argentino y la farmacéutica norteamericana. Advirtieron que el gobierno avanzó con mayor rapidez en los acuerdos con otros laboratorios, mientras que el vínculo con Pfizer mostró una lentitud inexplicada.
Las denuncias que impulsaron esta causa se presentaron en 2021. Por un lado, un grupo de diputados de la oposición exigió investigar por qué Argentina no cerró un acuerdo con Pfizer en tiempo y forma. Por otro, familiares de personas fallecidas por COVID-19 cuestionaron la falta de acceso temprano a esas vacunas.
Durante los momentos más críticos de la pandemia, el país recibió dosis de Pfizer mucho después que otras naciones vecinas. Ese retraso generó un fuerte debate público, especialmente porque el gobierno priorizó vacunas como la Sputnik V. Según cifras oficiales, más del 90% de los fallecidos por COVID-19 no tenían el esquema completo o no habían recibido dosis de refuerzo.
El fiscal federal Carlos Stornelli apeló la decisión de archivo, alegando que el juez Lijo no tomó todas las medidas probatorias necesarias. Además, Stornelli señaló que el proceso de compra mostró irregularidades y falta de registros claros en comparación con los contratos firmados con otros laboratorios.
La Cámara Federal remarcó que la justicia aún no investigó a fondo las diferencias entre las negociaciones con Pfizer y las de otros laboratorios. Para los jueces, este vacío probatorio impide descartar posibles tratos desiguales, por lo que resulta necesario continuar con las medidas investigativas.
Con esta decisión, el caso vuelve a poner en discusión el manejo sanitario del gobierno de Alberto Fernández durante la emergencia. La justicia busca establecer si las decisiones tomadas respondieron a una política válida o si ocultaron irregularidades que afectaron a miles de personas.
