La dimisión de Gabriel Esterelles representa un duro golpe a la autonomía institucional de esta entidad fundamental. Cabe recordar que el organismo fue creado para sustentar con rigurosos datos técnicos la labor legislativa del Poder Legislativo argentino en su conjunto.

La Comisión Supervisora oficializó rápidamente a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont como nueva directora interina. Esta designación se formalizó mediante una resolución específica luego de una auditoría interna encargada directamente por las autoridades de la Cámara de Diputados.

Fuentes parlamentarias señalaron que la revisión administrativa respondió a indicaciones directas procedentes de la Casa Rosada. Este procedimiento generó un profundo malestar interno y evidenció las tensiones crecientes en torno al manejo de la información pública y los datos técnicos.

El vaciamiento operativo de la oficina despertó inmediatas evocaciones sobre los cuestionados métodos aplicados en otras épocas a los organismos de medición. Especialistas y legisladores advierten sobre un escenario preocupante que recuerda los momentos más complejos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

A esta situación se suma también la reciente salida de Marco Lavagna al frente del INDEC en la gestión actual. Estos movimientos sucesivos refuerzan la firme hipótesis de un cerrojo coordinado sobre la producción y difusión de datos económicos oficiales del Estado.

En los pasillos del palacio legislativo se interpreta esta serie de decisiones como un intento deliberado por monopolizar los números. Sin la participación activa de la OPC, los legisladores y la ciudadanía quedarán dependiendo exclusivamente de la información estatal.

La supresión de los informes periódicos que miden el impacto fiscal elimina la contraparte técnica independiente. Esto debilita fuertemente los argumentos de control que la oposición utiliza habitualmente frente a las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional.

El camino hacia la renuncia estuvo marcado por una fuerte presión política y un notable ahogo financiero. La auditoría prolongada analizó minuciosamente cada gasto operativo del organismo, generando un clima laboral sumamente tenso y desgastante para todo el personal técnico.

Además de la revisión exhaustiva, el organismo fue despojado de su Servicio Administrativo Financiero, perdiendo autonomía. La crisis presupuestaria interna llegó a un extremo tal que peligra seriamente la garantía de pago de sueldos para los próximos meses.

A este complejo panorama financiero se sumó la paralización definitiva de la incorporación de nuevos analistas especializados. Quince profesionales que habían ganado un riguroso concurso público quedaron suspendidos por disposición oficial de la Comisión Bicameral de Supervisión.

El desgaste institucional arrastró no solo al máximo responsable del organismo, sino también a coordinadores clave. Profesionales de destacada trayectoria decidieron dar un paso al costado ante la imposibilidad de desarrollar sus tareas con total independencia técnica.

La dimisión masiva ocurre en un momento institucional sumamente delicado debido al inminente envío del proyecto presupuestario. El Poder Ejecutivo debe remitir obligatoriamente la iniciativa antes de mediados de septiembre, cumpliendo con los plazos legales establecidos.

En este contexto, la oficina cumplía un rol insustituible como segunda mirada sobre las cuentas públicas nacionales. Su evaluación técnica era considerada una herramienta fundamental para auditar pautas macroeconómicas, proyecciones inflacionarias y transferencias de recursos provinciales.

Con la formalización del interinato, la institución ingresa en una etapa de incertidumbre sobre su futuro funcionamiento. Crecen los temores en el recinto de que el organismo pierda su independencia y quede reducido a una simple dependencia administrativa oficial.