En una casilla prestada y deteriorada a la vera de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de San Pedro, Juana Correa atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad junto a su hijo Ángel Lemes, de 17 años. Con 60 años de edad y problemas de hipertensión, la mujer asume diariamente la totalidad de los cuidados de su hijo, quien padece severas complicaciones motrices y de salud, en un inmueble de más de cuatro décadas de antigüedad que carece por completo de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

Vivir sin servicios básicos en una casilla prestada

La cotidianidad de la familia está marcada por la precariedad y el esfuerzo constante. La vivienda que habitan no cuenta con instalación eléctrica ni red de agua corriente, y tampoco dispone de un sanitario en condiciones apropiadas. Esta deficiencia estructural dificulta de manera crítica las tareas esenciales de aseo e higiene personal de Ángel, quien por sus limitaciones físicas requiere la asistencia permanente de su madre para movilizarse.

Para poder cocinar, hidratarse y realizar las tareas mínimas del día a día, Juana debe caminar de forma cotidiana hasta una estación de servicio cercana para abastecerse de bidones de agua.

«No tenemos agua ni luz, ni siquiera agua para bañarnos. Para tomar y cocinar tenemos que traer de la estación de servicio», relató Juana.

Ante este panorama, la mujer remarcó que su reclamo central se enfoca en poder acceder a una vivienda propia o a un lote donde edificar un espacio salubre que cuente con las condiciones mínimas para vivir de forma digna.

La urgencia de una reevaluación médica integral

El cuadro de Ángel necesita una intervención sanitaria inmediata y sostenida en el tiempo. Durante su infancia, el joven estuvo internado por varios meses en centros de mayor complejidad en Posadas y Eldorado, donde fue asistido por profesionales de distintas especialidades tras diagnosticársele una lesión neurológica y severas complicaciones motrices. En aquellos años también cursó estudios en la Escuela Especial de San Pedro y contó con el seguimiento de un equipo interdisciplinario coordinado por Acción Social, que incluía visitas de asistentes sociales y psicopedagogas.

Sin embargo, con el paso del tiempo ese esquema de contención se interrumpió por completo. En la actualidad, el adolescente presenta sobrepeso y dificultades progresivas para caminar, sin acceder a controles periódicos ni a tratamientos de rehabilitación que eviten el agravamiento de su condición motriz.

Entre las necesidades médicas más urgentes de la familia se destacan:

• Reevaluación neurológica y clínica: actualización de estudios diagnósticos para conocer el estado actual de su afección neurológica y articular.
• Kinesiología y rehabilitación: terapias físicas continuas orientadas a recuperar y preservar su movilidad.
• Abordaje nutricional: seguimiento médico especializado para controlar su cuadro de sobrepeso.
• Atención integral para la cuidadora: controles para Juana, quien padece hipertensión arterial y sufre un desgaste físico y emocional extremo por el esfuerzo cotidiano de movilizar a su hijo.

Pérdidas familiares y un entorno complejo

La realidad de Juana está atravesada también por reiterados episodios de dolor que impactaron profundamente en su núcleo familiar. Años atrás, en un intento por rehacer su vida, decidió vender su propiedad en San Pedro para trasladarse a la provincia de Corrientes junto a otro de sus hijos. La experiencia resultó desfavorable y derivó en la pérdida de los bienes que había acumulado tras años de trabajo, lo que forzó su regreso a la localidad misionera en condiciones de desamparo habitacional.

A este revés económico se sumaron pérdidas humanas irreparables. Juana sufrió el fallecimiento de otro de sus hijos, de 21 años, quien perdió la vida de manera repentina a raíz de un paro cardíaco. Asimismo, debió atravesar un proceso doloroso en el ámbito judicial cuando radicó una denuncia formal contra su propio cónyuge por abusar sexualmente de su hija menor de edad, hecho que acreditó ante las autoridades policiales y médicas correspondientes. Tras la detención, el hombre se quitó la vida en la dependencia policial de San Pedro, un desenlace que desató fracturas y recriminaciones familiares.

«Yo tengo la conciencia tranquila porque hice lo que correspondía», afirmó Juana sobre aquel episodio.

El llamado a las autoridades y a la comunidad

Pese a que vecinos y personas particulares acercaron mercadería y provisiones en los últimos días para paliar la emergencia alimentaria, Juana remarcó que las donaciones puntuales no resuelven la problemática de fondo. La falta de un techo seguro, la ausencia de agua y luz, y el abandono médico de Ángel constituyen una situación que exige la intervención coordinada de los organismos de Acción Social, Salud Pública y del área de vivienda local y provincial.

El objetivo de hacer público su testimonio es encontrar una respuesta institucional que garantice condiciones dignas de hábitat y los tratamientos sanitarios indispensables para que el joven de 17 años pueda desarrollarse con la contención que por derecho le corresponde.