En una votación contundente, el Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de ley que establece el marco regulatorio del mercado de carbono en la Argentina. La iniciativa, que obtuvo media sanción con 60 votos afirmativos y apenas 2 negativos, fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento y sanción definitiva. El texto fue impulsado principalmente por la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, con el propósito central de brindar previsibilidad jurídica a la conservación ambiental e integrar al país en las finanzas sostenibles internacionales.

De acuerdo con estimaciones privadas citadas durante el debate parlamentario, la consolidación de este marco institucional abriría un nuevo vector de comercio exterior para la economía nacional, con un volumen de exportaciones proyectado de entre USD 1.400 y USD 3.900 millones anuales.

Los puntos clave del marco regulatorio

El proyecto legislativo estructura un sistema nacional destinado al registro, la regulación y la posterior comercialización de los créditos de carbono generados por iniciativas públicas y privadas en el territorio argentino. Uno de sus núcleos centrales es el reconocimiento formal del valor económico que aportan los bosques nativos y la biodiversidad, bajo el cumplimiento de los estándares ambientales de mitigación del cambio climático.

Entre los instrumentos técnicos y operativos más destacados que incorpora la normativa se encuentran:

• Creación del ReNaRe: se establece el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que concentrará la información de los proyectos bajo estrictos criterios de trazabilidad, transparencia y compatibilidad internacional.
• Estabilidad fiscal por diez años: otorga certidumbre tributaria a los emprendimientos inscriptos para incentivar la radicación de inversiones a largo plazo.
• Incentivos para el sector: prevé beneficios impositivos específicos enfocados en la primera comercialización de las unidades de reducción de emisiones y en el desarrollo de tecnologías aplicadas al monitoreo y la certificación.
• Integración financiera: define las condiciones de titularidad de los créditos y los mecanismos necesarios para operar en el mercado voluntario y conectarse con el mercado de capitales.

Federalismo y autonomía sobre los recursos naturales

Uno de los ejes más sensibles a lo largo del debate parlamentario radicó en la delimitación de competencias entre la Nación y las provincias. La Constitución Nacional consagra que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a los distritos provinciales, mientras que el Estado nacional retiene la atribución de fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental.

En este escenario, la senadora Rojas Decut y su par Carlos Arce promovieron activamente que la norma respete la soberanía jurisdiccional y no imponga trabas burocráticas centralizadas. La legisladora misionera sintetizó la premisa directriz bajo el concepto de “coordinación nacional sin subordinación provincial”.

“Desde nuestro bloque sostenemos que esta ley no se escribe desde un escritorio en Buenos Aires: se escribe a partir de lo que Misiones ya demostró que funciona. La Argentina no debería legislar desconociendo esa experiencia. Debería legislar a partir de ella”, enfatizó Rojas Decut en el recinto.

Asimismo, la senadora remarcó la importancia de consensuar criterios comunes sin menoscabar las autonomías locales:

“Se pueden lograr acuerdos sin resignar principios. Nuestro proyecto busca que la Argentina pueda transformar su patrimonio natural en una plataforma de desarrollo, de inversión y soberanía, sin resignar el dominio de sus recursos, sin burocratizar las decisiones y sin vender un solo metro de su territorio”.

El modelo pionero de Misiones como antecedente

La discusión en el Congreso tomó como base empírica el camino recorrido por Misiones. Desde 2021, la provincia de la tierra colorada implementa un programa jurisdiccional de créditos de carbono sustentado en la preservación de la Selva Paranaense. Como resultado de ese esquema, el distrito ya cuenta con más de 10,9 millones de créditos certificados correspondientes al período 2017-2022, auditados bajo estándares globales administrados por la certificadora Verra.

Adicionalmente, Misiones estructuró un modelo propio y participativo de distribución de los ingresos que se deriven de la venta de estos activos ambientales:

• 45% destinado a los propietarios de bosques nativos que asumen el compromiso de conservación.
• 35% dirigido a programas y políticas estatales de protección ecológica.
• 20% asignado al financiamiento de proyectos sustentables presentados por emprendedores, municipios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y universidades.

Este esquema de reparto rige para el territorio misionero y sirvió como referencia para evidenciar que las finanzas verdes pueden generar un derrame económico tangible en las comunidades locales sin necesidad de que la legislación nacional obligue a aplicar porcentajes uniformes a todas las provincias.

El camino parlamentario hacia la sanción definitiva

El proceso legislativo que culminó con la aprobación en el Senado comenzó a gestarse con fuerza el 19 de mayo, cuando Rojas Decut y Arce encabezaron una conferencia técnica en el Salón Azul de la Cámara alta junto a la especialista Flavia Royón. Dicha jornada congregó a referentes de los sectores agropecuario, industrial, bursátil y ambiental para debatir los alcances de la economía climática.

Posteriormente, el texto fue tratado en tres reuniones plenarias conjuntas de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda. A inicios de septiembre se rubricó el dictamen unificado, ocasión en la que Rojas Decut planteó disidencias parciales para salvaguardar las prerrogativas de los programas provinciales frente a eventuales trabas regulatorias, las cuales fueron consensuadas hasta llegar al texto votado este jueves.

Con la media sanción asegurada por una holgada mayoría, la expectativa se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde se definirá la sanción definitiva de una ley llamada a fijar las reglas del juego para la inversión verde en la Argentina durante la próxima década.