Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó una cifra superior a 1,5 billón de pesos mediante un fideicomiso vial específico. Sin embargo, los registros contables demuestran que apenas aplicó la cuarta parte de esos recursos al mejoramiento de rutas y caminos nacionales.

A fines de mayo pasado, las cuentas oficiales acumulaban más de un billón de pesos en colocaciones financieras, incluyendo plazos fijos y títulos públicos. Toda esta operatoria tiene como eje principal al denominado Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado originalmente por decreto.

La herramienta recauda una porción del impuesto a los combustibles con un mandato legal taxativo: financiar exclusivamente la construcción y rehabilitación de las rutas. El Ministerio de Economía opera como autoridad de aplicación, mientras el Banco Nación gestiona la cuenta corriente.

El diseño financiero original respondió a exigencias internacionales para evitar que dichos fondos terminaran cubriendo gastos corrientes del Estado. De esta manera, el dinero debía quedar blindado jurídicamente para impedir cualquier desvío presupuestario hacia otros destinos administrativos diferentes.

Desde la llegada de la actual gestión presidencial, la tasa de subejecución acumulada alcanzó el setenta y tres por ciento. Durante el año dos mil veinticuatro apenas se ejecutó una pequeña fracción de lo recaudado, profundizando el freno general de la obra pública.

Esa tendencia continuó durante el año siguiente, marcado por una intensa confrontación legislativa y electoral, donde la aplicación de fondos siguió siendo mínima. Los informes mensuales de las cuentas bancarias reflejan que una parte de la recaudación ingresa por canales alternativos.

Expertos en economía consultados estimaron que, con el volumen de recursos retenidos en instrumentos financieros, se podría haber intervenido una enorme cantidad de kilómetros viales. Esas cifras equivalen prácticamente a dos tercios de toda la red de rutas bajo jurisdicción nacional.

Organismos de control como la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación no revisaron la ejecución de este fideicomiso recientemente. Por su parte, auditores externos detectaron aportes locales totalmente nulos en programas internacionales de corredores logísticos.

Mientras los balances muestran un crecimiento sostenido de las inversiones financieras, la partida destinada a trabajos viales resulta notablemente inferior. A finales de marzo, por ejemplo, la cartera financiera creció de manera exponencial mientras las obras recibían montos marginales.

Hacia finales de mayo, el valor de la cartera superó el billón de pesos, repartido entre títulos públicos y depósitos a plazo. La diferencia patrimonial refleja además la valuación positiva obtenida en el mercado financiero mediante la compra de letras.

Los reclamos gremiales y provinciales se acumulan frente al deterioro evidente de la infraestructura vial en todo el país. Diversos mandatarios provinciales advirtieron públicamente sobre el peligroso estado de las rutas, calificándolas de intransitables y completamente abandonadas.

La concentración de las decisiones financieras quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía tras diversas modificaciones normativas implementadas el año pasado. El ministro Luis Caputo y sus colaboradores recibieron consultas escritas sobre estos movimientos, pero evitaron dar respuestas oficiales.

Los anexos contables revelan un giro llamativo en la estrategia de colocación de los recursos administrados. Si antes predominaban los plazos fijos tradicionales, con el correr de los meses los fondos pasaron a comprar letras y bonos del Tesoro.

Desde la entidad bancaria fiduciaria aclararon que actúan únicamente como una tesorería que ejecuta las directrices impartidas desde el Palacio de Hacienda. Subrayaron que la fiscalización corresponde estrictamente a los organismos de control y a los auditores externos designados.

Especialistas financieros compararon la operatoria actual con el funcionamiento operativo de una mesa de dinero institucionalizada. Con la obra pública paralizada, los recursos disponibles priorizan la renta financiera mientras esperan una utilización que nunca llega.

La ausencia de una ley de presupuesto nacional durante los primeros años facilitó un mayor margen de discrecionalidad administrativa. Aunque posteriormente se sancionó una nueva ley de gastos, los fondos fiduciarios conservaron amplias facultades de reasignación presupuestaria.

El resultado contable final expone una paradoja evidente frente a los reclamos constantes de usuarios y gobernadores. Cientos de miles de millones de pesos continúan inmovilizados en instrumentos financieros mientras el asfalto nacional se destruye sin soluciones.