La disminución interanual obedeció exclusivamente a la decisión de no prorrogar la vigencia del Impuesto PAIS. Este tributo de emergencia gravaba las operaciones de compra de bienes y servicios en el exterior afectando a sectores acomodados.

Así lo detalló un estudio elaborado por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral.

El informe especifica que la reducción registrada alcanzó apenas 0,85 puntos porcentuales en todo el período analizado. El estudio académico expone también un rasgo estructural crítico sobre la economía del país. El sistema impositivo argentino resulta más gravoso que el de sus pares latinoamericanos y presenta elevados costos.

Mientras el promedio de la región redujo sus costos operativos, la administración argentina incrementó los gastos administrativos. Actualmente se destinan 1,31 unidades monetarias por cada cien recaudadas por el fisco nacional. Esta cifra ubica al país cerca de naciones como Dominica, Antigua y Barbuda, y Panamá.

En contraste, potencias y vecinos regionales muestran una eficiencia operativa muy superior en sus administraciones. Brasil registra un costo de 0,32, Chile alcanza 0,59 y Paraguay se ubica en 0,61 unidades monetarias. Esta combinación de presión y burocracia impacta negativamente en el Índice de Performance de Política Tributaria.

Dicho indicador, desarrollado siguiendo la metodología de la Fundación Bertelsmann de Alemania, avanzó solo levemente. Pasó de 4,3 a 4,4 puntos, reflejando las dificultades estructurales para dinamizar la economía nacional. Un esquema impositivo excesivo constituye una barrera directa para la formalización y la riqueza.

El alto nivel de informalidad en la economía responde directamente a la elevada presión fiscal vigente. La complejidad tributaria y la falta de incentivos profundizan las desigualdades sociales en todo el territorio. Esto debilita la capacidad estatal para sostener servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad.

El avance de la economía informal reduce la recaudación y castiga a los sectores de menores ingresos.

La tributarista Fernanda Laiún advierte sobre esta compleja situación económica actual en el país.

Se estima que la economía en negro está entre un 40% y 50% del total

, afirma la especialista sobre el fenómeno.

Este escenario implica que una porción significativa de las operaciones comerciales no tributa al Estado nacional. Como consecuencia directa, se limitan los ingresos necesarios para financiar jubilaciones y otros servicios esenciales. La especialista explica que la carga impositiva termina siendo regresiva debido al impacto del IVA.

El tributo del 21% recae por igual sobre todos los ciudadanos y afecta a quienes menos ingresos perciben. Paralelamente, el federalismo fiscal argentino sufre un profundo desequilibrio vertical en la asignación de recursos. Las potestades tributarias y las responsabilidades de gastos difieren notablemente entre los distintos niveles estatales.

Los gobiernos provinciales no logran financiar con recursos propios la proporción del gasto que administran diariamente. La Nación recauda aproximadamente el 74% de los fondos totales de la economía argentina. En contrapartida, las provincias asumen una gran parte del gasto social y de servicios públicos.

Esa brecha histórica debería compensarse mediante un régimen de transferencias basado en la coparticipación federal. La ley vigente data de enero de 1988 y poseía inicialmente un carácter transitorio. La reforma constitucional de 1994 otorgó rango constitucional a este régimen exigiendo una nueva normativa.

El mandato constitucional exigía sancionar un nuevo sistema antes del año 1996 en el país. Sin embargo, dicho mandato sigue incumplido tras casi cuatro décadas de vigencia de la norma. Esta persistencia genera litigios judiciales, profundas asimetrías y un poder discrecional del Estado central.

El federalismo fiscal actual muestra características desiguales, rígidas, centralistas y escasamente transparentes para la ciudadanía. Los coeficientes de reparto fijados en la ley no cambiaron desde el año mil novecientos ochenta y ocho. Por el contrario, la actividad económica provincial experimentó profundas transformaciones estructurales a lo largo de décadas.

Un ejemplo práctico ocurre en el territorio de Misiones al analizar el consumo cotidiano. De una compra de diez mil pesos en un supermercado, una pequeña parte corresponde a tributos provinciales. La abrumadora mayoría de esa carga impositiva se destina directamente a las arcas del Estado nacional.

A pesar de esta desproporción, los ciudadanos misioneros dependen de los servicios provinciales cotidianos. La fuerza policial local, las ambulancias sanitarias y las escuelas públicas dependen del gobierno provincial. Por cada cien pesos que Misiones aporta a la Nación, solo retorna el quince por ciento.

Frente a este complejo panorama nacional, el gobierno local implementó medidas concretas de alivio financiero.

Durante la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Passalacqua anunció medidas de fuerte impacto político.

No habrá más cobro de ningún tipo en los puestos de control de acceso a Misiones

, afirmó el mandatario provincial.

La disposición beneficia directamente a dieciséis mil pequeños y medianos contribuyentes registrados en la región. Esto representa al noventa y cinco por ciento del padrón total de contribuyentes locales. La medida se integra dentro del plan de alivio fiscal más importante de la historia provincial.

Adicionalmente, la provincia impulsa la ampliación del régimen de proveedores para corregir superposiciones impositivas empresariales. Desde agosto, la Agencia Tributaria de Misiones elimina retenciones automáticas sobre transferencias y billeteras virtuales. Estas acciones buscan adaptar el sistema tributario al crecimiento tecnológico de los medios de pago digitales.