El 15 de febrero de 2018, la maestra Vanesa Castillo murió apuñalada en Santa Fe después de ayudar a una alumna a denunciar un abuso sexual. Juan Ramón Cano la atacó con 13 puñaladas a la salida de la escuela. En 2020, la Justicia lo condenó a cadena perpetua, pero la familia de la docente insiste en que hubo un autor intelectual que sigue impune.
A siete años del femicidio, su hermana, Silvia Castillo, continúa reclamando justicia y denunciando la falta de protección para los docentes que denuncian violencia. «Vanesa protegió a una menor y el Estado no la protegió a ella», lamentó Silvia, quien además impulsa la «Ley Vanesa» para resguardar a docentes en situaciones similares.
El proyecto de ley que sigue estancado
Después del asesinato de Vanesa, se presentó un proyecto de ley en Santa Fe para garantizar protección legal a docentes que intervienen en casos de violencia infantil. Sin embargo, la «Ley Vanesa» sigue sin tratamiento en la legislatura.
El proyecto plantea tres ejes principales: protección a los docentes denunciantes, formación obligatoria sobre abuso infantil y creación de un observatorio de violencia en las infancias. «Es clave que el Estado intervenga para evitar nuevas tragedias como la de Vanesa», señaló la exdiputada Agustina Donnet, quien presentó la iniciativa en 2020.
Mientras tanto, la familia de la docente exige justicia y un compromiso real del Estado para evitar que otro docente pierda la vida por proteger a sus alumnos.
