El Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, fue creado mediante un decreto en el año 2001 para canalizar recursos hacia la infraestructura de transporte en Argentina. Sin embargo, un informe reciente destapó que una abrumadora porción de esos fondos terminó siendo desviada.
Entre los años 2024 y mayo de 2026, el organismo encargado ejecutó apenas una cuarta parte de lo recaudado a través del impuesto. La mayor parte del dinero quedó retenida y fue colocada directamente en distintos instrumentos financieros del Tesoro.
El marco legal original del sistema se remonta al decreto 1377 de 2001, que estableció el Sistema de Infraestructura de Transporte para promover el crecimiento económico y el bienestar. Posteriormente, el decreto complementario 976 terminó por definir el esquema fiduciario vigente.
La normativa estipulaba que el objetivo prioritario consistía en financiar obras viales mediante lo recaudado del Impuesto a los Combustibles Líquidos. No obstante, los datos actuales demuestran que la realidad administrativa operó de una manera muy diferente a la planificada.
La Ley 23.966 establece la creación del tributo y distribuye los porcentajes entre distintos destinos nacionales sin dejar márgenes libres. De ese total recaudado, un porcentaje significativo se destina históricamente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y al sistema previsional.
Dentro del fideicomiso de transporte, tras descontar una reserva de liquidez, la mitad de los recursos se canaliza hacia el SisVial para la red nacional. El esquema financiero fue impulsado originalmente por el Banco Mundial para condicionar un préstamo internacional relevante.

La intención inicial de los organismos internacionales era blindar los fondos viales y evitar que terminaran absorbidos por los gastos corrientes del Estado. A pesar de estas precauciones normativas, las cifras de los últimos años revelan un panorama totalmente distinto.
Durante el ejercicio 2024, el organismo ejecutó solamente el once por ciento de lo ingresado por recaudación, acumulando montos multimillonarios inmovilizados. En el año 2025, la ejecución alcanzó el treinta y nueve por ciento, mientras que en 2026 volvió a descender notablemente.
El acumulado total del período arroja una recaudación sideral frente a una ejecución de obras viales verdaderamente marginal. Esto representa una alarmante tasa de subejecución que superó ampliamente el setenta por ciento de los recursos totales disponibles en las cuentas.
El dinero sobrante permaneció resguardado en el Banco Nación bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas, priorizando la renta financiera. Hasta mediados de 2025, la cartera estaba compuesta por plazos fijos tradicionales antes de migrar masivamente hacia títulos públicos.
La participación de títulos públicos dentro de la cartera experimentó un salto exponencial durante el segundo semestre de 2025. Instrumentos como las LECAP y los BONCAP pasaron a dominar las inversiones del fondo fiduciario por encima de las tradicionales colocaciones bancarias.
Hacia mediados de 2026, la cartera total del fondo superaba ampliamente el billón de pesos en activos financieros acumulados. En contraste con estas millonarias inversiones, la transferencia mensual destinada a la ejecución real de obras viales resultaba prácticamente testimonial y simbólica.




