El Gobierno nacional reconoció públicamente que una porción importante del dinero recaudado mediante impuestos específicos para la construcción y el mantenimiento de rutas termina siendo destinada a sostener el equilibrio de las cuentas públicas generales del Estado.
La confirmación oficial estuvo a cargo del vocero presidencial Adrián Ravier durante una visita a La Pampa, donde admitió que parte de los recursos del sector son redirigidos por decisión del Ministerio de Economía para ordenar la situación financiera.
Sin embargo, el funcionario federal no logró precisar qué proporción exacta del impuesto se desvía cotidianamente para cubrir las necesidades fiscales generales, señalando que se requeriría una revisión detallada de los números contables específicos del área económica.
El tributo involucrado forma parte del Sistema Vial Integrado, conocido como el fideicomiso SisVial, que capta recursos a través de un gravamen especial aplicado directamente sobre los combustibles líquidos comercializados en todo el territorio nacional argentino.
De acuerdo con la normativa vigente que regula su creación, los fondos acumulados en este fideicomiso exclusivo solo pueden destinarse a tareas viales, abarcando la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento permanente de todas las rutas nacionales prioritarias.
La autoridad de aplicación directa de este mecanismo financiero es el propio Ministerio de Economía de la Nación, mientras que las operaciones bancarias y la custodia de los activos corren por cuenta del Banco de la Nación Argentina.

A pesar de las críticas y de la baja ejecución presupuestaria detectada en las obras viales, Ravier defendió firmemente la operatoria implementada y aseguró que las carreteras nacionales no se encuentran paralizadas ni abandonadas por falta de recursos económicos.
Para fundamentar su postura oficial, el vocero presidencial utilizó su experiencia personal cotidiana al transitar por las rutas del país, mencionando que la traza mantiene condiciones aceptables de transitabilidad gracias a las tareas vigentes.
Las revelaciones oficiales se produjeron luego de una investigación periodística que expuso que la administración actual recaudó más de 1,5 billones de pesos mediante este fideicomiso específico, pero destinó a trabajos viales apenas una cuarta parte.
Los datos oficiales recopilados al cierre del mes de mayo muestran una notable subejecución acumulada del 73,8 por ciento desde el inicio de la gestión, dejando más de un billón de pesos inmovilizados en distintos instrumentos financieros.
Durante el año 2024 apenas se ejecutó el 11,3 por ciento de lo recaudado, mientras que en 2025 la cifra subió al 39 por ciento y en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó solamente el 18,5 por ciento.
Frente a estos números, un especialista en asuntos públicos advirtió sobre el enorme impacto que esa masa de dinero retenida en inversiones financieras podría haber tenido en la infraestructura vial de todo el país.
El experto calculó que los recursos retenidos habrían permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de caminos nacionales, representando casi dos tercios de la red vial total, y advirtió sobre las graves consecuencias humanas asociadas al deterioro.




