(*) Por Nicolás Marchiori.
En primer término, y a modo introductorio, es necesario explicar en qué consiste el oligopsonio para entender a qué nos referimos. De manera simplificada y sencilla, debemos decir que el oligopsonio es una estructura de mercado en donde existen pocos compradores y muchos vendedores. Se trata de un tipo de competencia imperfecta donde los compradores tienen el poder de fijar precios y controlar el mercado. De esta manera, este tipo de estructura de mercado puede crear barreras de entrada para nuevas empresas, ya que, mediante la cartelización, puede generar precios más altos y una menor competencia. Al mismo tiempo, los compradores pueden confabularse para pagar precios bajos, lo que puede resultar perjudicial para los vendedores.
El impacto del oligopsonio tiene una alta probabilidad de ser significativo tanto para las pequeñas empresas, cooperativas o productores de una determinada materia prima, como también para los consumidores. En el caso de las pequeñas empresas, cooperativas o productores existe la posibilidad de provocar una reducción de los beneficios económicos, es decir, las ganancias, e incluso pueden arrastrarlos a la quiebra.
Además, existe la posibilidad que los consumidores experimenten un aumento desmedido de precios debido a la falta de competencia en el mercado. Ahora bien, en una primera instancia, suele suceder que los grandes jugadores de determinados rubros se cartelizan para bajar precios y arrastrar a los competidores más chicos a la quiebra, debido a que no cuentan con suficiente estructura para sostener la producción de un determinado bien. Cumplido ese paso inicial, y sólo con los impulsores del oligopsonio en pie, pueden llevar adelante la segunda fase, que tiene fuerte impacto en el consumidor: al no existir más la competencia de las pequeñas empresas, fijan los precios, sabiendo que no hay otras opciones para los consumidores.
Un poco de historia
En el año 1935 se produjo la primera gran crisis yerbatera en nuestra provincia, que dio lugar a la creación por ley nacional de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM). Con su entrada en vigencia, la cosecha de yerba sólo podía realizarse con la autorización del organismo. A poco de su creación, la CRYM fijó mediante una resolución el pago de un impuesto que obligaba a los colonos a pagar 4 pesos por cada planta que incorporen a sus plantaciones. En medio de una creciente crisis agrícola, a principios de 1936, se llevó adelante una movilización histórica de productores de la zona centro de la provincia que derivó en una feroz represión policial, tristemente recordada como “La Masacre de Oberá”, el 15 de marzo de 1936, con un saldo de cuatro colonos muertos según las cifras oficiales, aunque algunos historiadores afirman que la cifra es mayor.
La CRYM se mantuvo con vida durante décadas, hasta que en el año 1991 se escribió una de las páginas más negras en la historia de los pequeños productores yerbateros de nuestra provincia, ya que el Presidente Carlos Saúl Menem y el Ministro de Economía de la Nación Domingo Felipe Cavallo, con la complicidad del gobernador misionero de aquella época, Ramón Puerta, quien además ostentaba una posición privilegiada en la industria yerbatera por ser uno de los grandes empresarios dueño de molinos, decidieron ponerle fin a lo que se había constituído en una herramienta vital para evitar desequilibrios en el rubro. La desaparición de la CRYM significó el surgimiento de un funesto oligopsonio que sometió a los pequeños productores y los transformó en esclavos de los grandes molinos en manos de unos pocos capangas.
Tal vez pocos recuerdan que en la Argentina de los noventa comandada por Menem en la Nación y Puerta en la provincia casi todas las actividades agropecuarias se desregularon por completo. En 1992 se dio inicio al plan maestro ideado por Domingo Cavallo, quien impuso estas reformas en toda la economía y eliminó, además de la CRYM, la Junta Nacional de Granos y Carnes. Lo cierto es que, desde entonces, ninguna actividad productiva del país logró revertir esta situación, a excepción de la yerbatera.
Hace algo más de 20 años, en mayo de 2001 para ser exactos, los colonos misioneros impulsaron un histórico tractorazo que significó el inicio de la lucha contra los grandes terratenientes y molineros la provincia, entre los que se destacan Puerta, Navajas Artaza y Urrutia. Esa gesta propició la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), una verdadera herramienta en poder de los productores para enfrentar al poder destructivo de los grandes molineros. Desde sus inicios, en un trabajo articulado con el Gobierno Provincial, se ha venido corrigiendo el gran desequilibrio generado por la desregulación de 1992 que hundió en la pobreza a los pequeños productores misioneros. Desde el INYM se llevó adelante una batalla ardua y constante con los poderosos molineros que persistieron con sus artimañas para no cumplir con los precios que fijaba el organismo, siempre en perjuicio de los colonos.
El objetivo de este sector nefasto de la industria yerbatera siempre fue, además de pagar menos a los productores por la materia prima, destinar grandes extensiones de tierra para plantar yerba mate y generar exceso de producción para lograr que el precio de la hoja verde se hunda.
Las conquistas del INYM
El Instituto Nacional de la Yerba Mate bajo la Presidencia de Juan José Szychowski logró posicionarse como un verdadero reivindicador del pequeño productor yerbatero y, al mismo tiempo, demostró su compromiso con los consumidores.
Uno de los hechos históricos fue la firma del convenio entre el INYM y el Gobierno de Misiones con el objetivo de brindar cobertura integral de salud a los productores yerbateros y sus familias. En una primera etapa, benefició a más de 4.500 pequeños productores de hasta 5 hectáreas de yerba mate o que cosechan hasta 25 mil kilos anuales.
Mediante esta cobertura, los productores misioneros pudieron acceder a atención en los hospitales, sanatorios y clínicas privadas que mantienen convenio con el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS). El convenio tiene una vigencia por 10 años con la posibilidad de ser renovado automáticamente.
Por otro lado, la calidad de la yerba mate se ha convertido en una de las prioridades, una clara muestra de compromiso con los consumidores del producto. Dan cuenta de ello los controles que realizaba el Instituto, que intervenía e inutilizaba grandes cantidades de palo de yerba mate. Mediante el trabajo meticuloso de su Área de Fiscalización se logró preservar la calidad del producto y promover la mejora continua en los establecimientos elaboradores.
Por su parte, el Gobierno Provincial, desde el año 2017, tomó la decisión de no cobrar Ingresos Brutos a los productores primarios misioneros, entre los que se encuentran los yerbateros. Esto pudo ser posible luego del Consenso Fiscal firmado por las provincias con el Gobierno Nacional mediante el cual, en una de sus cláusulas, las habilitaba para cobrar dichos impuestos. Al día de hoy, esta medida de alivio fiscal tomada por la Provincia beneficia a cerca de 10 mil productores.
Un déjà vu de los nefastos ’90
El tristemente célebre decreto 70/2023 marcó el comienzo de una nueva crisis en el sector yerbatero. Al igual que en la década del ’90, quienes impulsaron la desregulación lo hicieron sosteniendo que el productor iba a poder vender más. Una gran mentira. La realidad indica que hoy la provincia tiene unos 13 mil productores rehenes de los cada vez más poderosos molineros, una especie de “casta yerbatera”.
Si algo le faltara a este complejo escenario, el consumo de yerba mate en el país está en picada. Según el propio INYM, los niveles son los más bajos desde 2016.
Hace poco se conoció el dato que indica que durante el año pasado Argentina exportó mas de 44 millones de kilos de yerba mate, marcando un récord histórico. Esto representó un aumento del 10% en comparación con 2023.
Los datos publicados por el INYM dan cuenta de que durante 2024 se logró una producción nacional cercana a los 1.000 millones de kilos de hoja verde, un valor que superó en un 27,3% a la cosecha del año anterior.
Ahora bien, según se pudo conocer en este último tiempo, los productores están recibiendo la vergonzosa suma de entre 120 y 150 pesos por kilo de hoja verde, mientras que en la góndola de los supermercados, el paquete de un kilo de yerba se paga hasta 5 mil pesos. La pregunta que nos hacemos todos es ¿Quién es el gran ganador en este escenario?
Recientemente escuchábamos a uno de los referentes de la reedición de la protesta yerbatera, Hugo Sand, quien explicaba que con estos números la transferencia de ganancias al sector industrial en desmedro de los productores es de unos 200 mil millones de pesos. Una obscena cifra que causa escalofríos cada vez que pensamos en el sacrificado trabajo que llevan adelante los productores en las chacras trabajando de sol a sol.
La semana pasada hubieron novedades desde el Gobierno Provincial, que a raíz del conflicto desatado en el sector en este último tiempo y con el objetivo de corregir las asimetrías generadas por la desregulación de la actividad yerbatera, convocó a todos los referentes del sector y dejó conformada la Mesa Yerbatera Permanente. Los grandes ausentes fueron, como siempre, los industriales correntinos.
En la reunión se acordó la redacción de un petitorio en donde se solicita al Gobierno Nacional la modificación del Código Alimentario Argentino para reducir el contenido de palos en la yerba mate del 35% al 25% y disminuir las hojas de hierbas en la yerba compuesta del 40% al 10%.
Una segunda cuestión planteada en la primera reunión de la Mesa Yerbatera Permanente fue la intención de elevar a la Nación un nuevo pedido para la designación de un presidente para el INYM, una iniciativa de los productores yerbateros, los trabajadores rurales y los integrantes del directorio del organismo, pero que hasta el momento tiene la negativa de los molineros misioneros.
Así las cosas, quedó abierta la convocatoria para una nueva reunión el próximo lunes para seguir buscando consenso respecto al pedido de designación de un nuevo presidente.
Mientras tanto, en diferentes zonas de la provincia se siguen llevando a cabo reuniones y asambleas de productores que avanzan en la firme idea de suspender la cosecha hasta tanto exista un precio justo. Esta postura viene ganando adeptos en las diferentes regiones y puede llegar a poner en aprietos a los molineros que necesitan mantener el stock de materia prima en sus galpones.
Debe quedar claro que la protesta yerbatera es un reclamo legítimo del productor y está ajena a cualquier intento de politización de determinados sectores inescrupulosos que buscan la mínima oportunidad para obtener un rédito político. Nuestros productores merecen ser reconocidos, debemos reivindicar su lucha entre todos y sumarnos al reclamo ante los poderosos que forman parte de la “casta yerbatera”. ¡Precio justo ya!
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
